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Diez títulos con 293 artículos

Este anteproyecto debemos analizarlo todos los que aportamos para la contratación de miles de empleados y funcionarios públicos responsables de garantizar nuestros derechos constitucionalmente establecidos.
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<p>[email protected]&nbsp;</p><p>La Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado presentó la primera versión del anteproyecto de ley de la función pública para sustituir la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, vigente desde noviembre de 1961 y que ha sido objeto de 15 modificaciones, la última en mayo de 2009.&nbsp;</p><p> Hay diferencias entre ambos instrumentos. La obsoleta tiene 13 capítulos y el anteproyecto, 41. La obsoleta tiene 160 artículos y el anteproyecto, 293 ordenados en: el régimen general de los servidores públicos, la autoridad rectora de la función pública, las unidades internas de manejo del personal, la administración del servicio público, el derecho colectivo de los servidores públicos, los conflictos colectivos del trabajo, la seguridad e higiene en los centros de trabajo, el régimen, el procedimiento y los recursos disciplinarios.&nbsp;</p><p> ¿El objeto de la ley? Sentar las bases del régimen estatuario de los servidores públicos y su gestión. Con esto se busca la “regulación integral de la función pública” en la administración del Estado que incluye la administración del Órgano Ejecutivo y sus dependencias, las instituciones autónomas y descentralizadas, el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial y los organismos independientes. El alcance de la ley incluye a los municipios única y exclusivamente en lo que se refiere a régimen sindical. No más. Y esto se explica porque hay ley de la carrera administrativa en este ámbito de gobierno.&nbsp;</p><p> Debe tenerse claro. Este anteproyecto afecta a toda persona que realiza una actividad en nombre de la administración pública, en cualquier nivel jerárquico, de manera temporal o permanente y lo hace por una remuneración o de manera ad honórem. Por esto define al servidor público y este concepto debe apropiarse para exigir que se desempeñen como tales. El servidor público, dice el anteproyecto de ley, “es el que presta servicios laborales, administrativos, profesionales, técnicos o de campo en la administración (pública), TODO en beneficio del interés colectivo”. Y este actuar en beneficio del interés colectivo lo hace “mediante elección, nombramiento, acuerdo y contrato administrativo”.&nbsp;</p><p> ¡Qué bueno! Si prevalece el interés colectivo, cualquiera tendrá oportunidad de competir y de ingresar a la función pública ejerciendo cualquiera de las funciones que describen y en todas las modalidades; cualquiera tendrá el mismo trato administrativo porque se acaba el favoritismo y el “no se puede tocar”. ¡Qué bueno! No habrá preferencias y mucho menos cuotas partidarias ni recomendaciones de altos funcionarios o personas influyentes. ¿Se acaba el clientelismo político y se sustituye por la capacidad y el mérito profesional?&nbsp;</p><p> Lo pregunto porque en el lanzamiento del anteproyecto públicamente se reconoció que el clientelismo político es el “peor problema, porque hace fracasar la gestión del Gobierno y mina el bienestar de la sociedad”. Tan grave es la situación que se hizo un llamado a los líderes partidarios a reconocerlo: a los clientes políticos, esos que estuvieron y están dispuestos a todo, no les importa el bien colectivo. ¡Nada que ver con el interés colectivo! A los clientes político/partidarios les importa su bolsillo, su estómago y su comodidad. A los clientes políticos les importa el interés privado. No más. Y para eso, la estrategia es pasar desapercibido cobrando para no asumir responsabilidades públicas.&nbsp;</p><p> Desde el inicio (art. 3) define los principios que deberán regir la función y la gestión pública: satisfacción y prevalencia del interés general; objetividad, imparcialidad y ética en las actuaciones; igualdad en el acceso a la función pública y desarrollo de la carrera; igualdad de condiciones de desempeño de la función pública; mérito y aptitud en el ingreso, promoción y ascenso profesional; regularidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública; transparencia y publicidad en los procedimientos; respeto a la autoridad jerárquica sometida a la ley; principio de legalidad; estabilidad laboral de los servidores públicos pertenecientes a la carrera administrativa gerencial y operativa; irrenunciabilidad de los derechos de los servidores públicos; y primacía de la realidad.&nbsp;</p><p> ¿Será posible asegurar el ejercicio de estos principios? Este anteproyecto debemos analizarlo cuidadosamente todos los que aportamos para la contratación de miles de empleados y funcionarios públicos responsables de garantizar nuestros derechos constitucionalmente establecidos. ¿Prevalecerá nuestro interés o el de los sindicatos?</p><p>&nbsp;</p>

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