Difícil de comprender

Es difícil comprender que las autoridades expresen asombro ante la ausencia de Estado y control en el centro de San Salvador, en el centro histórico que una y otra vez se pretende ordenar. Esa es noticia vieja.
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Una y otra vez, en los centros penales se encuentran “ilícitos”. Tienen celulares, tienen cargadores, tienen paneles solares, tienen tabletas, tienen radio comunicadores, tienen radio satelital, tienen granadas, tienen drogas, tienen dinero, tienen plasmas... tienen, ¡quién sabe qué más! Cuesta imaginar qué tienen escondido. Y lo tienen, en las narices de las autoridades, aunque sean declarados oficialmente como “ilícitos”.

¿Ilícito? Es todo aquello que no es permitido legalmente. Y entonces, ¿como se explica que los privados de libertad, esos que están condenados o están en proceso de condena, tengan ilícitos? No es la primera vez que se encuentran. Sucedió recientemente en el centro de Ciudad Barrios después de una explosión, sucedió en ese municipio de San Miguel con vocación cafetalera, y el lugar de nacimiento del Beato Monseñor Romero. Sucede en otros centros y vuelve a suceder.

Operaciones de requisa se hacen de manera regular, dicen las autoridades, y no se encuentra nada. No se encuentra porque los privados de libertad les juegan la vuelta, tienen estrategia para evadir a la “autoridad”. ¿Es cierto? Entonces la pregunta que de inmediato se hace es ¿quién es la autoridad en ese centro penal y en los otros? ¿En todos esos en donde el hacinamiento es el denominador común?

Seguramente no es fácil ingresar con esos “ilícitos” a los centros penales. Y las autoridades lo saben y reconocieron que no podían con la carga. Justificaron el llamado a la Fuerza Armada y, atentando con sus atribuciones constitucionales, lograron el apoyo. Y, ¿qué ha cambiado con medidas extraordinarias o sin ellas? Los hechos obligan a preguntar.

Los medios de comunicación siguen informando, una y otra vez, sobre la cantidad y diversidad de “ilícitos” al interior de los centros penales. Con todas las medidas “extraordinarias” que se han aprobado es obligado preguntar: ¿Quién les ayuda? ¿Quién se hace el ojo pacho? Y ¿quién se convierte en cómplice? Cualquier ciudadano tiene respuestas que seguramente podría compartir con las autoridades. ¿Se sorprenderían?

Es difícil comprender que las autoridades expresen asombro ante la ausencia de Estado y control en el centro de San Salvador, en el centro histórico que una y otra vez se pretende ordenar. Esa es noticia vieja. Fue durante la gestión del alcalde Héctor Silva, de grata recordación, que salió el tema a luz pública cuando él y su concejo municipal iniciaron con el ordenamiento. ¡Encontraron puntas del iceberg hace 20 años!

Encontraron, recuerdo, señales de que algo oscuro y con mal olor se cocinaba en el centro de San Salvador y en las zonas aledañas a los mercados. Lo dijeron en medios de comunicación, pero ¿quién lo recuerda? Ojalá los medios de comunicación entrevistaran a los entonces concejales para que se tome conciencia que los problemas salen a luz pública y que las autoridades los dejan estar hasta que se hacen inmanejables porque el gobierno local es de la competencia, del enemigo, del adversario... del otro partido.

Veinte años después, aunque es difícil comprender el desprecio a la autoridad que hicieron evidente los usuarios del mercado central, estamos cosechando lo que se dejó estar. Es difícil comprender la “negociación” de los espacios públicos que hacen las autoridades; es difícil entender cómo las autoridades, en diferentes y estratégicos espacios, van retrocediendo, van cediendo y van entregando a otros el control de los territorios sin importar la vocación. Lo hacen y por eso estamos como estamos.

En espacios comerciales, en espacios residenciales, en espacios de recreación, en espacios públicos y en espacios nos han dejado al amparo de esas fuerzas emergentes atentatorias al Estado. Se jactan de la disminución de la tasa de homicidios, me alegra. Pero... no hay seguridad, no hay libertad de movimiento y, aunque ningún organismo internacional lo reconozca, la gente tiene que abandonar sus activos, sus lugares de residencia y su trabajo para salvarse.

¿Y las escuelas? Es lo mismo. A los estudiantes los intimidan, los amenazan, los agreden y los obligan a abandonar las aulas. Los docentes no saben manejar la situación que no es de su competencia y tienen temor, con sobrada razón. Los padres y madres optan por el traslado en el mejor de los casos o por la emigración atravesando el Triángulo para la Prosperidad. Así están las cosas y es difícil comprender la incapacidad de las autoridades de cumplir con su tarea.
 

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