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Dignifiquemos el gremio. Pero de verdad

El gremio de abogados cumplió con su responsabilidad constitucional: elegir a quince profesionales como candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La atribución que nos otorga el art. 186 de la Constitución debe ser un examen ínter-pares; una actividad en que los abogados examinamos la calidad técnica de nuestros colegas que aspiran a la magistratura, y a partir de ello elegimos a quienes pueden proveer al país una verdadera justicia.

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Los profesionales del derecho se supone que tenemos las herramientas y conocimientos adecuados para evaluar la calidad técnica jurídica que tienen o no, quienes aspiran impartir justicia en las más altas magistraturas; pero todos hemos sido testigos de las intrusiones de intereses políticos, que desde un inicio distorsionaron este reciente proceso de elección.

Reconocemos que siempre ha ocurrido lo anterior, pero también es cierto que esta vez sucedió con una mayor intensidad y con una estrategia casi descarada, al grado que las asociaciones de abogados tuvimos que batallar contra toda una estructura político-partidaria. No hay justificación para eso, pero se explica porque hoy está en juego la Sala de lo Constitucional: el principal control del poder político.

El CEJ mantuvo una posición firme y proactiva ante estas amenazas, lo seguiremos haciendo en lo que viene. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, momentáneamente se ha permitido la participación de individuos y organizaciones que manifiestamente representan intereses partidarios.

Las intenciones perversas de utilizar la atribución que nos confía la Constitución para colocar en la Corte Suprema de Justicia a sujetos vinculados con partidos políticos son de una minoría de los miembros de nuestro gremio que se han dejado permear, aunque fuerza reconocer que es una minoría muy bien organizada, enquistada en organizaciones que están muy lejos de buscar la dignificación del abogado.

Los que somos más, debemos indignarnos por esta situación. Estas pocas personas y organizaciones han instrumentalizado al gremio con fines políticos, lo cual irrespeta nuestro cometido y ensucia nuestra profesión. El prestigio de cada profesional resulta minado cuando la principal atribución que nos otorga la Constitución se distorsiona de esta manera. No debemos permitir que el esfuerzo de tantos colegas por ejercer la profesión de modo profesional e íntegro resulte injustamente opacado por esas minorías.

Como el CEJ, hay muchas asociaciones de abogados sin intereses políticos, y con un verdadero espíritu gremial, académico y con vocación de defender el Estado de Derecho. Tenemos que distinguir a esas asociaciones y alejarnos de quienes cobardemente han permitido ser instrumentalizados.

Por supuesto que entendemos que la unidad del gremio no supone uniformidad de pensamiento. Por el contrario, es la diversidad y un permanente intercambio de ideas lo que hará evolucionar al derecho salvadoreño y a nuestro colectivo. Es válido que entre distintas asociaciones de abogados tengamos posiciones diferentes, y que ese debate de ideas también ocurra dentro de cada asociación; pero lo que no admitimos es que sujetos con intereses políticos distorsionen nuestras actividades profesionales y gremiales.

Quien quiera defender la profesión y luchar por el desarrollo del derecho desde una perspectiva técnica debe organizarse en asociaciones gremiales. Quien pretenda hacer política, que lo haga en partidos políticos. Abogados, no permitamos que dentro de tres años esa minoría de colegas vuelva a intentar instrumentalizar nuestro gremio. Todos sabemos de quiénes se trata.

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