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Diputados: Les tomamos la palabra

En el foro que tuvimos hace unos días con representantes de los partidos PDC, ARENA, PCN y de candidatos no partidarios, conversamos sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2018 a 2027. Varios e importantes temas salieron a colación, aunque, por el momento, nos enfocaremos en uno: el compromiso adquirido para modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

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Comenzamos por reconocer –como nos lo hicieron ver los diputados– que las asociaciones de abogados, la FEDAES y el CNJ tenemos una enorme responsabilidad en establecer los primeros filtros en el proceso de selección de magistrados, de forma tal que cuando la Asamblea Legislativa tenga la lista de los 30 candidatos, estos ya hayan sido adecuadamente escrutados.

Tanto reconocemos ese compromiso, que elaboramos un protocolo de selección de aspirantes que ya está siendo aplicado y que nos permitirá de forma transparente, democrática y eficiente, postular a aspirantes que se acerquen al perfil ideal de un magistrado. Otro tanto ha hecho el CNJ con el manual de selección que, si bien aún no se implementa, está pronto a serlo.

Y siendo una de las asociaciones que integra la FEDAES, nos complace comunicar que ya estamos trabajando en el Reglamento que deberá ser implementado para estas elecciones. Somos parte de la Comisión que está elaborando ese Reglamento y al menos nosotros, nos comprometemos públicamente a introducir en el mismo esos imprescindibles filtros y mecanismos de control que tanto exigimos.

Nosotros haremos lo que nos corresponde por lo que les exigimos que ustedes también cumplan con lo que les corresponde. Como ustedes mismos dijeron, es esta legislatura y no la próxima la que debe modificar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Si dejan esa tarea para después de marzo, las imprescindibles modificaciones estarán rodeadas de premura e improvisación.

Nuestra propuesta y exigencia es que de inmediato comiencen a trabajar en incorporar en los procesos de elección de funcionarios al menos lo siguiente: Una etapa en la que se identifique el perfil del funcionario. No hablamos de los requisitos mínimos previstos por la Constitución, sino de la identificación de las características deseables para cada cargo.

El establecimiento de parámetros de medición que sean comparables y medibles junto con la realización de verdaderas entrevistas a los aspirantes, en las que sin anunciar las preguntas a efectuar, se busque conocer las características personales y profesionales del aspirante y den lugar a la utilización de los parámetros antes identificados.

Una etapa en la que se dé lugar a que organizaciones civiles, universidades, asociaciones gremiales, puedan hacer llegar sus observaciones u objeciones de manera sistemática. Esto no pretende dar un veto a la ciudadanía, sino más bien permitir que fluya más y mejor información para que ustedes, los diputados, tengan más elementos para poder tomar una decisión acertada.

El Reglamento Interior debería prohibir de manera expresa los contactos aislados de los aspirantes con sus potenciales electores. El proceso debe ser completamente transparente y abierto al escrutinio de la ciudadanía, de manera que todos sepamos qué es lo que se está considerando en relación con cada aspirante y no tengamos que vernos sorprendidos por los resultados de las negociaciones tras las cortinas.

Les tomamos la palabra; hagan ustedes lo suyo.

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