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Diputados: cuidado con la desobediencia

Las recientes decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional, sobre todo las referidas a la prohibición para que continúen en ejercicio los diputados suplentes de la Asamblea, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, han causado verdadero revuelo.
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Han existido reacciones de todo tipo y se han externado opiniones que van desde una total y ciega aceptación de lo resuelto, hasta quienes señalan a los magistrados como los mayores desestabilizadores de la democracia en nuestro país. Suele pasar que muchos de quienes se ubican en los extremos de estas opiniones no se han siquiera molestado en dar una mirada a las resoluciones que con ímpetu comentan.

Si bien esto en sí mismo no puede ser calificado como negativo, lo que sí preocupa es que diputados, otros funcionarios y varios líderes de las principales fuerzas políticas de nuestro país estén realizando abiertos llamados a desobedecer las decisiones judiciales. Tales llamados a la desobediencia pueden ser considerados como actitudes delictivas; ¡cuidado con eso!

Para el caso de los funcionarios, partimos de la incuestionable premisa que es legítimo disentir y criticar fuertemente las decisiones judiciales, pero que tal como lo apuntábamos cuando se generó hace unos años el conflicto en la elección de magistrados de la Corte Suprema, tal disenso no lo pueden transformar en desobediencia.

De nuevo han surgido funcionarios invocando el art. 235 Cn., el cual les obliga a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, atendiendo a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, o resoluciones que la contraríen; pero de nuevo olvidan que el art. 183 claramente dice que la Sala de lo Constitucional es único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, de un modo general y obligatorio.

Ya lo hemos dicho pero es forzoso reiterarlo ahora: es cierto que los funcionarios deben hacer cumplir la Constitución, pero precisamente por eso, en materia de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, deben subordinarse a la interpretación que hace la Sala de lo Constitucional. Dar por válida la maliciosa y conveniente interpretación que ya vuelven a poner sobre la mesa algunos diputados implicaría que cualquier funcionario que no esté de acuerdo con una resolución de la Sala podría desconocer los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, argumentando que en su particular apreciación, la misma es contraria a la Constitución. ¡Vaya argumento!

El presidente de la República, ministros, superintendentes, representantes de autónomas, jueces, etcétera, estarían en libertad de decidir cuándo sí y cuándo no, obedecer una sentencia de amparo o de inconstitucionalidad, de la Sala de lo Constitucional. ¡Dios nos libre de llegar a tal situación!

Por lo demás, quienes están realizando estas arengas deben percatarse del mal que nos están haciendo a todos. A nadie beneficia que se vocifere la existencia de un golpe de Estado, que solo existe en la imaginación de un grupúsculo de personas que no soportan el control de otros órganos del Estado y que no terminan de comprender el verdadero significado de un régimen de pesos y contrapesos. Eso solo causa zozobra, incerteza e inseguridad jurídica.

Critiquen, expongan sus disconformidades, razonen sus posiciones, pero entiendan de una vez por todas, que no es lícito elegir cuáles decisiones se cumplen y cuáles no.

No podemos aplaudir, pero sí estamos dispuestos a tolerar, que en su disconformidad lleguen al punto de acudir a mecanismos inocuos –pero aun así civilizados– como inventarse recursos de reconsideración o amparos ante la Corte Suprema de Justicia en pleno. Está claro que no les están asesorando adecuadamente pero allá ustedes en esos vanos esfuerzos.

Pero lo que definitivamente no vamos a tolerar es que se irrespete la institucionalidad, que se desobedezcan órdenes judiciales y que se llame a otros a su desobediencia; ¡cuidado!

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