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Diputados, reformen el reglamento interior

Tenemos casi quince años de venir insistiendo en señalar que los diputados no se han comprometido con desarrollar procesos de elección de funcionarios en los que de manera sistemática se busque premiar el mérito, eligiendo profesionales que cumplan con los perfiles necesarios para los cargos y en los que pueda comprobarse la moralidad, la competencia y la independencia que se requiere para ejercerlos.

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Es hora de entender que ya no pueden seguir difiriendo aprobar reformas estructurales al procedimiento de elección de funcionarios; y que la propuesta presentada por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, del cual orgullosamente somos parte, no solo recoge y aglutina esfuerzos pasados encaminados en ese sentido, sino que también incorpora exigencias jurisprudenciales y estándares internacionales que no pueden seguir siendo ignorados.

La propuesta establece un procedimiento que se compone de varias etapas, destacando entre ellas las siguientes: a) convocatoria; b) acreditación de requisitos materiales; c) acreditación de aspectos cualitativos; d) participación ciudadana; e) desarrollo de entrevistas; f) verificación del perfil del candidato y ponderación; g) asistencia técnica; h) debates; i) elaboración y entrega de dictamen; y j) votación nominal y pública.

Una de las novedades de la propuesta es que desde que se hace la convocatoria, se intenta dejar claro que no es cualquier persona la que puede participar, pues junto con la convocatoria se debe publicar el perfil para cada cargo y la tabla de evaluación que se utilizará en el proceso. No es lo mismo el perfil de un magistrado de Corte de Cuentas, que el del presidente del Tribunal de Ética o el de magistrado de la Corte Suprema de Justicia o fiscal general. Esto implica, desde luego, que la Asamblea elabore esos perfiles de conformidad al cargo que corresponda.

En relación con la documentación acreditativa, lo que se sugiere es no limitarse a los documentos tradicionales, sino también requerir aquellos que comprueben fortalezas específicas para ejercer el cargo al que se postula, docencia universitaria o a nivel de estudios superiores en entes reconocidos, enunciado de sentencias, pronunciamientos, artículos académicos publicados, obras académicas, etc.

La participación ciudadana es fundamental. Por eso se propone que las universidades, centros de pensamiento, gremiales profesionales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general puedan hacer llegar a la Asamblea sugerencias de preguntas o temas de interés que estimen deban ser discutidos por los candidatos; y que puedan formular rechazos fundados de aspirantes o proveer información sobre la existencia de impedimentos, conflictos de interés comprobables que inhiban el ejercicio del cargo.

Las entrevistas deben ser de verdad. No solo deben ser completamente públicas, sino, además, deben servir para evaluar el desenvolvimiento de los candidatos, con preguntas que permitan reflejar los aspectos cualitativos del postulante, como su nivel de conocimiento y experiencia sobre temas relacionados con el cargo, así como su corriente del pensamiento jurídico. Para esto, la Comisión Política podría buscar auxilio fuera del recinto legislativo.

Por último, aplicando la tabla de ponderación previamente definida, la Asamblea debe conducir debates totalmente públicos en los que, buscando consensos, pueda elegir a los funcionarios que más se acercan al perfil requerido, explicando y fundamentando su decisión.

Lo que estamos pidiendo no tiene nada de extraordinario. Solo les pedimos que cumplan bien con su obligación constitucional.

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