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Diputados suplentes y amnistía

La semana pasada, la Sala de lo Constitucional emitió dos sentencias con grandes repercusiones en nuestra realidad nacional.
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Uno de esos casos se refiere a la inconstitucionalidad de la autorización legislativa para emitir bonos por $900,000,000. En este primer caso, el tribunal no hizo un análisis sobre el fondo del decreto; la revisión se ciñó a la forma seguida para autorizar la emisión de deuda.

Los dos motivos que la Sala valoró para declarar la inconstitucionalidad de forma están relacionados con la figura de los diputados suplentes.

Por un lado, la Sala hace un análisis sobre el llamamiento de suplentes para pasar a ocupar la posición de propietario. El art. 131 ord. 4º Cn. establece que corresponde a la Asamblea llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios.

Al respecto, la Sala manifiesta que para hacer el llamamiento a un suplente se debe justificar el motivo por el que le ha resultado imposible al diputado propietario cumplir con su función; si el motivo es suficiente, entonces procederá hacer el llamamiento. La falta de esa valoración por parte del congreso –dice la Sala– provoca la invalidez de la participación del diputado suplente al ocupar el cargo del propietario.

Por otro lado, se analiza el hecho de que los diputados suplentes no aparecían en la papeleta de votación de las elecciones legislativas, por lo que no habrían sido elegidos por el pueblo. De ese modo –agrega la Sala– los diputados suplentes carecerían de legitimación democrática, y por ello su voto resulta inválido.

Acudiendo a una flexibilización del principio de congruencia, la Sala ha considerado que puede evaluar motivos de inconstitucionalidad que no hayan sido expresamente invocados por el demandante; y a partir de ahí resuelve que los diputados suplentes no podrán seguir actuando mientras no sean electos de la misma manera que los propietarios.

El segundo caso es más relevante. La Sala resolvió que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es inconstitucional. La Sala concluye que la Ley de Amnistía impidió el cumplimiento de las obligaciones estatales de investigar, enjuiciar y sancionar a quienes durante el conflicto armado hubieren cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra contra derechos humanos fundamentales.

También concluyó que tal Ley impedía el derecho de las víctimas del conflicto a ser reparadas de manera integral, entendiendo por ello el restablecimiento de los derechos conculcados, el resarcimiento, la compensación de los daños ocasionados, la indemnización de daños y perjuicios, la rehabilitación y readaptación de la víctima, la satisfacción y reivindicación de las víctimas, las garantías de no repetición y el conocimiento público de la verdad.

Al declarar la inconstitucionalidad de esta ley, la Sala revive la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1992, que si bien otorga amnistía al cometimiento de ciertos delitos, tiene un alcance mucho más limitado que la ahora expulsada. Aún más, se resuelve que no ha operado la prescripción de los antes dichos delitos, toda vez que –a criterio de la Sala– la norma expulsada es la que no ha permitido el inicio de las acciones penales y civiles correspondientes.

Por último, se resuelve que la Asamblea no podrá en el futuro dictar una norma semejante en cuanto a su contenido y efecto, a las que por esta decisión se declaran inconstitucionales.

Como es obvio, se trata de dos sentencias que no pueden ser analizadas a la ligera, sobre todo por la magnitud de sus repercusiones en el futuro. Vamos a dar nuestra posición institucional pronto, pero mientras tanto, exhortamos a la ciudadanía y a nuestros gobernantes a reaccionar con mesura y a no perder de vista los esfuerzos por reconstruir nuestro país.

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