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Diputados y circunscripciones electorales

La magnitud de la Asamblea Legislativa es fijada por el legislador, y no por la Constitución (Cn). El artículo 13 inciso segundo del Código Electoral (CE) dice: “La Asamblea Legislativa estará compuesta por ochenta y cuatro Diputados o Diputadas propietarios e igual número de suplentes”.
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Es por tanto una decisión del máximo órgano de representación política, utilizando como técnica una cuota, modificable según los objetivos para un determinado sistema de partidos.

Lo que no es voluble legalmente es la distribución de la cuota en las catorce circunscripciones departamentales, o en otro modelo territorial que se innove, pues siempre deberá ejecutarse de conformidad a la población. El número de diputados será medida por sus habitantes en un territorio determinado. En principio, así el legislador cumpliría el artículo 79 inciso primero de la Cn.: “La base del sistema electoral es la población”. De allí la importancia, para efectos electorales, de los censos de población.

El VI Censo de Población del año 2007 es el instrumento legal para definir los escaños departamentales. La operación es sencilla: en primer lugar se establece el cociente nacional de población dividiendo la población total del país (5,744,113) entre la cuota de 84; y después, se dividirá la población de cada departamento entre ese cociente nacional. En teoría, no hay donde perderse para darle cumplimiento al mandato constitucional.

Sin embargo, en la parte del artículo 13 del CE que regula la conformación de las circunscripciones, el legislador ha errado en esa tarea. Veamos por qué. Estima que cada departamento se integrará con al menos tres diputados, sin importar en algunos casos el merecimiento respectivo. De los seis departamentos con tres diputados, hay tres que por su población solo les ajusta para dos, ellos son: Morazán, San Vicente y Cabañas.

Por otro lado, en algunos departamentos con más de tres diputados, que son circunscripciones medianas, existe desigualdad, y desproporción del resultado con lo concedido legalmente. Así como al departamento de La Libertad le fue otorgado por aproximación 10 diputados, con un cociente de 9.6, de igual forma le correspondería un diputado más al departamento de Santa Ana con un cociente de 7.6, y al departamento de Ahuachapán con un cociente de 4.6. El departamento de San Salvador, única circunscripción grande que tenemos, le otorgan inmerecidamente un diputado más. Le pertenecen 23 diputados con un cociente de 22.9, y no 24.

El parámetro poblacional data desde la Antigüedad, y continúa hasta la fecha en los países democráticos. Su aplicación debe guiarse bajo aquella regla que decía el conde de Mirabeau (1789): “La copia debería guardar siempre las mismas proporciones que el original”. La representación política debe ser fiel a su población, que podrá apoyarse con otros trabajos de ingeniería electoral indispensables.

Percibo el artículo 13 del CE contrario al mandato constitucional. Ahora que se habla de la segunda generación de acuerdos de nación, para bien del sistema democrático y respeto del pluralismo político, es imprescindible su revisión. Además, una vez definidos los nuevos indicadores legales, por técnica legislativa y confianza institucional es necesario conceder esa competencia de distribución por circunscripciones, al Tribunal Supremo Electoral, que la haría efectiva en cada convocatoria de elecciones con base en el último censo de población, tal como se ejecuta ahora el número de regidores de los concejos municipales.

Finalmente, y pensando en las elecciones legislativas de 2018, una reforma legislativa deberá realizarse luego, en cumplimiento de la nueva normativa que prohíbe modificar reglas electorales un año antes de elecciones. Ignoro si la Sala de lo Constitucional está estudiando el artículo 13 del CE.

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