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¿Dónde estaban los controles?

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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La corrupción es un problema endémico y es uno de los flagelos que más afecta a los países, y el nuestro no es la excepción, tal como se está observando en los procesos que se están siguiendo contra expresidentes en los casos: "Destape a la corrupción" y "Saqueo público". Ante esto, una de las preguntas que muchos hacemos es ¿dónde estaban los controles para evitar que sucedieran?

Uno de los efectos que tiene la corrupción es que impacta en las personas más necesitadas, pues el dinero que es malversado, en vez de atender sus necesidades, sirve para enriquecer a los corruptos y para corromper a las instituciones. La corrupción se complejiza cada vez más y se vuelve más sofisticada, lo que implica que los estados deben contar con mecanismos efectivos y robustos para combatirla.

El problema que hemos tenido en El Salvador ha sido el débil funcionamiento de los controles, pues la pasividad y permisividad han sido notorias. Uno de los más emblemáticos es el de la Corte de Cuentas (CCR), institución encargada de controlar los fondos públicos y de fiscalizar la ejecución presupuestaria, pero que por falta de independencia, históricamente no ha cumplido su rol. Al contrario, ha entregado finiquitos a expresidentes que están siendo procesados por corrupción, y que en lugar de efectuar auditorías técnicas, las realizadas han sido superficiales y tampoco ha habido una supervisión real de los gastos de la llamada partida secreta. Si hubiera actuado conforme manda la Constitución, se habrían por ejemplo, detectado y controlado los indignantes actos de corrupción que han sido confesados por el expresidente Saca en el caso de Destape a la corrupción.

En cuanto a la Fiscalía General de la República (FGR), con la llegada del actual fiscal se vio una institución diferente y fue importante que empezara a investigar casos de gran corrupción. Ahora, con el caso Destape a la corrupción, aun con temas por mejorar, se están viendo los primeros pasos, años atrás impensables, por lo que si bien es legítimo que la ciudadanía espere condenas más ejemplarizantes que las que un proceso abreviado puede lograr, es justo reconocer que no es cosa menor que un expresidente confiese los delitos que se le imputan y que además se ponga al descubierto el entramado institucional que ha posibilitado la corrupción estatal. Es necesario que la FGR continúe con las demás líneas de investigación y que no haya impunidad, así como debe impulsar los procesos de extinción de dominio necesarios para recuperar todo el dinero malversado.

Es impostergable impulsar una agenda para fortalecer la lucha contra la corrupción, que incluya: aumentar las penas y plazos de prescripción, reforzar a la FGR, prohibir las partidas secretas y auditar cualquier gasto imprevisto, reestructurar la CCR, aprobar la Ley de Servicio Público y erradicar la práctica de sobresueldos, aprobar una nueva ley de probidad y combatir el lavado de dinero, etc. Además, es necesario que las instituciones de control estén integradas por personas honestas, independientes e idóneas.

La corrupción produce efectos devastadores en las democracias y es por ello que los controles institucionales con facultades para combatirla deben funcionar con independencia y efectividad, no solo bastan buenas leyes sino que es primordial la voluntad y valentía de aplicarlas.

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