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¿Dónde están las instituciones públicas de prevención e investigación de la corrupción?

El derecho de acceso a la información pública es esencial, facilita la transparencia de la gestión pública.

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el imperio del derecho

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Estas últimas semanas las investigaciones de medios y periodistas han sido valientes y esenciales para descubrir la corrupción en las compras públicas. Evidenciando un patrón de conducta de servidores públicos que han concertado actos de corrupción en la contratación de compras públicas urgentes de insumos para enfrentar la pandemia de covid-19, como compras directas a empresas de funcionarios o de sus funcionarios, sobreprecios o malversación de fondos públicos. Simultáneamente, se reveló la contratación de servidores públicos en instituciones públicas, sin mérito. Solo por relaciones abusivas del poder político. Habrá que determinar si fue consecuencia de tráfico de influencias o dádivas, u otra conducta ilícita.

Durante la pandemia las instituciones de control de la prevención e investigación de la corrupción siguen aletargadas. Si bien, los decretos de emergencia y régimen de excepción que la Asamblea Legislativa aprobó suspendieron el derecho de acceso a la información, la transparencia, integridad pública y control de cuentas nunca se suspendieron, son valores y actuaciones indelebles. Especialmente, para garantizar el uso adecuado de los recursos aprobados al Ejecutivo. Esa omisión de la debida diligencia en la investigación de los actos de corrupción tendrá su consecuencia jurídica.

Existen instituciones públicas y mecanismos que imponen a los servidores públicos la obligación de actuar con transparencia, probidad y, además, contribuyen a la prevención, detección de actos de corrupción para proteger los fondos públicos o créditos aprobados por la Asamblea Legislativa como fondos de emergencia, que serán pagados por las próximas generaciones.

El derecho de acceso a la información pública es esencial, facilita la transparencia de la gestión pública, impulsa la rendición de cuentas, promueve la participación ciudadana, y contribuye a la prevención y combate a la corrupción.

La Corte de Cuentas de la República debe practicar auditorías financieras y operacionales a la gestión de las entidades y organismos que administren recursos del Estado para que los servidores públicos rindan cuentas de sus mandatos y se declarare la responsabilidad administrativa y patrimonial de estos cuando corresponda.

El Tribunal de Ética Gubernamental debe actuar, por denuncia o de oficio, ante cualquier funcionario o exfuncionario que haya cometido hechos que constituyan una infracción a los deberes y prohibiciones éticas descritas en su ley, para mantener la correcta administración del patrimonio del Estado, el combate a la corrupción y la eficiencia de la administración pública.

La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia debe actuar con inmediatez para investigar el patrimonio de los funcionarios denunciados en los medios de comunicación, antes que se pierda información. Hay que reconocer el anuncio de la Fiscalía General de la República que ha iniciado investigaciones de oficio sobre los funcionarios involucrados.

En el contexto político y jurídico actual, es imprescindible que estas instituciones funcionen para que la población continúe vigilando y fiscalizando la gestión de las entidades del Estado, en todo momento. Si la institucionalidad no funciona, la participación ciudadana y sus esfuerzos son en vano por el poco o nulo compromiso de las instituciones en cumplir su rol para romper el ciclo de impunidad arraigado en El Salvador. Una institucionalidad fuerte garantizará que la emergencia no sea instrumento de los funcionarios para realizar actos de corrupción e infringir la ley.

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