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Dos leyes importantes para el régimen democrático

Normalmente las presiones solo consiguen endurecer las posiciones del presidente o subirle el volumen a su defensa de las mismas; pero en esta ocasión el resultado fue diferente.
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En nuestro país, aunque nada parece moverse hacia adelante, siempre hay mucho movimiento en el ámbito político. La semana pasada no fue la excepción. Dos hechos ameritan algún comentario adicional a los muchos que cada uno de ellos generó en medios tradicionales de prensa y en las redes sociales: (1) el veto presidencial a las enmiendas a la LAIP y (2) la nueva ley de partidos políticos.

Cuando fue aprobada, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se consideró un avance importante hacia la transparencia en el Gobierno. Pero meses después, en uno de esos “madrugones” que el presidente de la Asamblea Legislativa se había comprometido a evitar, la ley fue mutilada con los votos del FMLN, GANA y PCN, de forma que perdió toda su potencia para pedirles cuentas a las instituciones estatales sobre las decisiones que estas nos suelen ocultar a los ciudadanos.

La única opción que quedaba abierta para revertir la enmienda legislativa era el veto o la observación presidencial. Y eso precisamente fue lo que exigieron muchas y diversas voces individuales y colectivas desde la llanura ciudadana. Era un reclamo que debía hacerse, pero no había grandes expectativas acerca del resultado.

Aunque el presidente Funes se había desmarcado de la cuestionada acción legislativa, su respaldo a la LAIP es muy dudoso. Lleva meses postergando, con una u otra excusa, el nombramiento de los integrantes de la entidad que la ley creó para exigir absoluta transparencia a los funcionarios públicos. Por otra parte, su subsecretario de Transparencia no se ha distinguido como un gran defensor de ese instrumento jurídico y, aunque tiene otros méritos, no ha hecho mucho por sacar a luz pública la información que algunos altos funcionarios del actual Gobierno se han empeñado en ocultar.

Pero el presidente sorprendió a los escépticos y también a los diputados que aprobaron la enmienda. Hizo lo que no se esperaba que hiciera. Vetó las reformas a la ley. Normalmente las presiones solo consiguen endurecer las posiciones del presidente o subirle el volumen a su defensa de las mismas; pero en esta ocasión el resultado fue diferente, sea porque realmente no estaba de acuerdo con las reformas, sea porque supo escuchar las voces ciudadanas y aceptar lo razonable que en ellas había. Algunos prefieren atribuir el veto a la magnitud de las presiones, pero, más que las interpretaciones de su decisión, lo importante es que el presidente hizo lo correcto.

Sin embargo, el forcejeo entre los que exigen y los que ocultan información de interés público seguramente continuará, por la sencilla razón de que la cultura de transparencia es todavía muy incipiente en nuestra sociedad. Aun si se cumple a cabalidad la LAIP, tomará tiempo para que las personas que llegan a ocupar cargos importantes en los diversos órganos del Estado y en las instituciones autónomas comprendan que el dinero que administran no es suyo sino de los ciudadanos y, por consiguiente, los ciudadanos tenemos pleno derecho a saber cómo lo gastan.

Los que suelen esgrimir razones de “seguridad nacional” para retener información deben aprender a distinguir, por ejemplo, entre la reserva que requiere temporalmente una investigación de hechos delictivos, y los gastos en publicidad del Gobierno, o los regalos de Navidad que a un funcionario se le antoja dar. Deben entender también que el derecho de los medios de prensa a conocer y comunicar información de interés público no se puede coartar alegando supuestas motivaciones políticas o manejos sesgados de la información que solicitan.

Pasando al otro tema, sobre la Ley de Partidos Políticos hay que señalar que la montaña parió un ratón. Mucho ruido y pocas nueces. La ley es débil y muy insuficiente. Sin embargo, puede considerarse un logro, si tomamos en consideración lo mucho que los partidos se han resistido a aprobar una ley que los regule y los obligue también a ellos a ser más transparentes y más democráticos.

Es necesario empezar a pensar cómo superar el evidente conflicto de intereses que tienen los diputados cuando les toca regular a los partidos que los mantienen. Desde la perspectiva de los intereses sociales, no es muy conveniente encomendarle a la zorra la seguridad de las gallinas.

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  • ambito politico
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