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Dos realidades incomparables: Chile y El Salvador

La propuesta de reformar la Constitución proviene de la Presidencia, a pesar de que el Órgano Ejecutivo no tiene facultades.

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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El pasado domingo, en Chile se celebró un plebiscito  para consultar a la población si querían que se inicie un proceso que llevará a una nueva Constitución. Algunas voces en El Salvador lo han querido asemejar con lo que sucede con la iniciativa presidencial que busca la reforma a la Constitución, labor delegada al vicepresidente, quien coordina la comisión ad hoc creada para tal efecto. Equiparar las dos realidades o bien es un error o una manipulación.

En primer lugar, en Chile el Plebiscito Nacional fue fruto de los acuerdos políticos logrados por la gran mayoría de partidos para darle una salida a la grave crisis social que estalló en octubre de 2019, no es la iniciativa del presidente para tener su propia Constitución. En el caso salvadoreño, la propuesta de reformar la Constitución proviene de la Presidencia, a pesar de que el Órgano Ejecutivo no tiene facultades para dar iniciativa a la reforma constitucional ante la Asamblea Legislativa.

En Chile, el acuerdo político se incorporó como norma jurídica a la Constitución, en el capítulo relativo a su reforma, y es ahí donde se habilitó el actual proceso constituyente, se estableció el Plebiscito Nacional y los pasos para elaborar el texto, el cual se someterá a aprobación en el futuro mediante un Plebiscito Constitucional. En El Salvador, la Constitución no prevé su cambio total y, además, contiene cláusulas pétreas, es decir, irreformables.

Al respecto, genera alta preocupación que la comisión ad hoc pretenda o considere revisar el alcance de la cláusula pétrea que se refiere a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, pues la jurisprudencia constitucional ya determinó que el principio de alternabilidad exige que transcurran 10 años desde que una persona concluye su periodo presidencial y el momento en que puede volver a iniciarlo. A pesar de ello, el acuerdo #2 de la sesión #1 de dicha comisión señala que no se contempla reformar “la alternabilidad inmediata del ejercicio de la Presidencia de la República”; por ende si se comprometen solo a respetar la inmediatez, quiere decir que está sobre la mesa cambiar el alcance de dos períodos presidenciales a uno, lo que implicaría entonces reformar una cláusula pétrea. La Sala reiteró este punto en la reciente y acertada sentencia de inconstitucionalidad sobre los sucesos del 9F, por lo que ojalá que ya no se insista en algo que es inviable cambiar sin romper el orden constitucional.

En Chile, la legitimidad para iniciar el proceso de reforma a la Constitución proviene del consenso de las fuerzas políticas para buscar una salida institucional al conflicto social que detonó en 2019. En El Salvador, en cambio, el proceso nace deslegitimado, pues es promovido desde el Órgano Ejecutivo, que es el menos indicado para impulsar reformas a la Constitución, dado que es quien ha estado quebrantándola sistemáticamente, tal como ha quedado de manifiesto en resoluciones de la Sala de lo Constitucional y la PDDH, relativas a los acontecimientos del 9F y a la gestión gubernamental de la pandemia.

Lo acontecido en Chile con el plebiscito y lo que se quiere hacer en el país desde el Ejecutivo son acontecimientos y realidades incomparables. Quienes lo intentan no dan un argumento, sino que ejecutan una argucia.

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