Dura lección a la democracia

Desde la firma de los Acuerdos de Paz y la creación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la primera vez que hay incertidumbre después de los comicios. Ni siquiera hubo resultados preliminares y el escrutinio final apenas va comenzando.
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Han sido los partidos políticos los que han asumido la tarea de divulgar los resultados. Casi todos han sido verdaderos ejemplos de civismo y madurez. Cada partido, con las actas que surgen de su propia estructura de defensa del voto, ha reconocido la derrota o celebrado la victoria, en el caso de las alcaldías. Caso aparte ha sido el de San Miguel, donde el alcalde actual, Wilfredo Salgado, reconoció la derrota y felicitó a su contrincante, Miguel Pereira, del FMLN, pero a las horas cambió la versión y alega, documentos en mano, que hubo fraude, voto doble y acarreo de electores. Será hasta que el escrutinio final esté en firme cuando Salgado pueda impugnar la votación y solicitar la nulidad que quería realizar antes de que siquiera comenzara el escrutinio final de las actas municipales.

Si de algo hay que estar seguros es de que no puede haber marcha atrás en la elección de diputados. Por más que la Sala de lo Constitucional haya ordenado apenas en noviembre considerar el voto por bandera como una marca por cada uno de los candidatos en contienda y desbloqueado las listas –las que tres años antes estaban abiertas, lo que permitió que esta fuera la segunda votación por rostro en la historia salvadoreña– no podemos aceptar el argumento de ningún partido de que volvamos a como estábamos antes.

Es más probable, ahora que tendremos los primeros concejos plurales de la historia (sin contar los que ya se han elegido en coalición en el pasado o descartando que, como en San Salvador, sean concejos concretamente bipartidistas que pluripartidistas), que se abran las listas de los regidores y votemos cruzado para las alcaldías a que volvamos a las planillas legislativas cerradas y ordenadas de acuerdo con los intereses de las dirigencias partidarias.

La democracia y la institucionalidad deben fortalecerse. Así como se ha objetado que actuales miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) busquen la reelección a través de candidaturas presentadas por la federación de abogados, también debe pedirse que se cumpla la ley en cuanto a los requisitos de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que la nueva Asamblea Legislativa debe elegir. No se deben aceptar listas arregladas a última hora ni candidatos avalados solo por plumazos del CNJ, como ocurrió en 2009, así como tampoco se debe permitir regresar a listas de diputados cerradas y bloqueadas.

Que si el actual caos en el TSE sea responsabilidad de magistrados sin vinculación partidaria, puede ser cierto. Pero también tiene que ver con malas decisiones tomadas por los actuales magistrados que, de manera colegiada (aunque no siempre de manera totalmente consciente o responsable), han tomado los cinco miembros del organismo electoral, no solo su presidente. Julio Olivo, magistrado propuesto por el FMLN, tiene la principal responsabilidad, por estar al frente, pero también los otros magistrados propuestos por ARENA y PCN, además de los provenientes de la CSJ.

Los aparatos partidarios, en esta complejísima votación, han salido adelante del TSE y sus malas decisiones. Pero no se puede cambiar ahora la institucionalidad, mientras estamos en el escrutinio. Después podemos aprender de las lecciones para hacer las correcciones necesarias. Pero para ir adelante, nunca para atrás.

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