EL FMI insiste en el ajuste económico

“El FMI recomienda ajuste severo para enderezar las finanzas: recorte y racionalización del gasto, reducir emisión de LETES. En el presupuesto, eliminar impuestos que afectan la economía como el de las transacciones financieras y telefonía, poner un impuesto al patrimonio, un predial y subir el IVA a 15%”.
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La economía del país viene débil y empeorando desde hace varios años. Los motores de crecimiento no están siendo estimulados, la política fiscal ha estado muy mal manejada, tenemos enormes deudas y recaudamos menos de lo que gastamos, como lo han repetido estudiosos serios de la economía sin ningún tinte político economía pura y simple, indica que no hay que gastar más de lo que se gana y que cuando la situación se ha complicado hay que reducir gastos y buscar ingresos adicionales que en el caso del Estado solamente pueden ser impuestos: 1. recaudando más a través de mayor control de la evasión y elusión y 2. poniendo impuestos que recauden y no distorsionen la economía.

El FMI es el organismo que ayuda a los países a inyectarles liquidez cuando están en malas condiciones. A cambio de eso pide disciplina fiscal y cumplimiento de recomendaciones.

Al gobierno se le ha tocado de muchas formas lo imperativo de reducir el gasto, focalizar mejor los subsidios, reducir el gasto y racionalizarlo, utilizarlo, eficientemente.

Hay unas 50 o 60 mil plazas nuevas en el Estado que deben evaluarse si son necesarias. Evitar la ineficiencia en el gasto y en las inversiones, siendo ejemplos claros los gastos injustificados de la Asamblea y CSJ en asesores “cobra”, el nuevo lujoso edificio, el desperdicio multimillonario en El Chaparral, el enorme costo en la economía de un SITRAMSS mal diseñado y caro para los automovilistas inmovilizados, sin mencionar la opacidad de la asignación, la participación de SUBES que son tema de transparencia.

Las recomendaciones del FMI no son diferentes de las que recomiendan en todo país que se mete en problemas fiscales y complica sus finanzas. En sus conclusiones preliminares recomiendan medidas más severas para las finanzas públicas, en impuestos sugieren eliminar los que recaudan poco y distorsionan la economía, entre ellos el de las operaciones financieras y a las telecomunicaciones.

El énfasis en el primero no solo lo recomienda el FMI. Se ve afuera y adentro como una barrera de entrada un castigo importante a la banca que necesitamos se mantenga sana y competitiva para cumplir su función de apoyar el crecimiento de la economía, entre más se le complica la vida menos lo cumple. El de la telefonía apareció como un remiendo para no negociar con ARENA condiciones para aprobar créditos. Igualmente recomiendan una medida que debe analizarse bien, un impuesto al patrimonio y un impuesto predial del que se ha hablado hace mucho tiempo pero pareciera que no existen las condiciones de información para implementarlo eficientemente.

Adicionalmente sugieren subir el IVA en dos puntos al 15 %.

La última medida muy controversial ideológicamente porque es un impuesto que se dice es regresivo, porque lo pagan todos, pero es el impuesto más fácil de recaudar.

El IVA ciertamente es regresivo cuando el Gobierno no reinvierte en los programas sociales el dinero que recauda con ello y lo dedica a otro tipo de gastos.

También recomendó reducir la emisión de LETES, aumentar la transparencia y la amplitud y claridad en la presentación del presupuesto. A la larga una reforma fiscal en la cual si se pusiera de acuerdo con ARENA que para sus votos solicita temas que el FMI comparte y el Frente exigía cuando era oposición: transparencia, recorte en el gasto, rendimiento de cuentas y claridad en el presupuesto.

Con ello tendría los votos para refinanciar la deuda a largo plazo y dinero fresco para los programas urgentes. La pregunta es si todos los análisis internos sensatos y los organismos internacionales apuntan para ese lado, ¿qué impide que el Gobierno, el ministro de Hacienda y equipo económico lo planteen seriamente y sigan las recomendaciones?

Ahí es lógica de país y el costo político del IVA sería compartido.

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