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Economía de escala

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Sandra de Barraza - Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Para los diputados que nos representan en la Asamblea Legislativa es desgastante no cumplir con los tiempos establecidos para la elección de funcionarios de segundo grado. Hay presión social para que cumplan. Hay críticas fuertes. Y hay propuestas de mejora.

Antes de cerrar el año deben dejar electo al fiscal general de la República. Anuncian que cada partido ha reducido el número de candidatos, pero nadie sabe si hay coincidencia en nombres y apellidos y mucho menos, si a más coincidencia hay más convergencia y probabilidad de acuerdos. Dicen que sí.

Ojalá que al asumir esta responsabilidad, los diputados y las fracciones adopten un enfoque de economía de escala, es decir, que se ocupen de reducir los costos políticos de no hacer la tarea en el tiempo establecido y con el mejor resultado.

El fiscal general se elige para tres años. Es poco tiempo para demostrar resultados y efectividad institucional. El tiempo debería prolongarse a 5 o 6 años. Hay propuestas sobre el tema, aunque todos saben que se requiere de reforma constitucional. Conviene mantener en la agenda la revisión de los periodos de funcionarios, incluyendo los municipales.

Al fiscal general hay que elegirlo. No se vale que, como en otras oportunidades, asuma otro de manera interina. El actual fiscal general informa que ha elaborado el Plan Estratégico 2018-2022 con cinco líneas estratégicas de trabajo que requiere financiamiento para hacerlo efectivo.

Ojalá que en los criterios de evaluación que tienen los diputados consideren la conveniencia de la reelección del actual fiscal general para fortalecer la institucionalidad del país. No dudo de que en la lista de candidatos hay profesionales competentes, pero, no dar continuidad con lo que se ha venido haciendo tiene costos institucionales y sociales.

Acaba de cerrarse la semana de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Hubo experiencias internacionales sobre la importancia del cargo y del perfil. Compartieron la experiencia de la CICIG en Guatemala y los casos de persecución a la corrupción. Nosotros estamos iniciando con la tarea y no se ha necesitado intervención internacional para dar muestras de capacidad y voluntad.

Hasta hace 3 años el combate a la corrupción, como dice el actual fiscal, "se reducía a investigaciones a niveles inferiores, sin generar verdaderos esfuerzos por llegar a perseguir la gran corrupción pública y privada que por mucho tiempo ha existido en el país".

El fiscal actual integró el Grupo Contra la Impunidad (GCI) para "la investigación de casos de gran impacto" con resultados de corto plazo en el gobierno central y los municipales. Todos hemos sido testigos de algunos resultados, pero hace falta continuar con la lista.

Hay casos de extinción de dominio y juicios civiles por enriquecimiento ilícito de millones de dólares. El papel y la responsabilidad del sistema de justicia penal es clave en el combate a la corrupción. Pero la investigación que compete a la Fiscalía es determinante en el resultado.

Se escuchan opiniones diversas sobre el actual fiscal general que rebasan su espacio de control. La Fiscalía no tiene asignado el presupuesto que haga evidente compromiso en la lucha contra la corrupción. Esto es atribución de la Asamblea Legislativa.

Por economía de escala y por fortalecimiento institucional, ojalá que reelijan al fiscal general actual y fortalezcan adecuadamente el presupuesto. Más que eliminar el cargo del 5 % a la telefonía, propondría entregarlo completamente a la Fiscalía General de la República.

Tags:

  • funcionarios de segundo grado
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