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Ejecuciones sumarias o arbitrarias

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[email protected]áster en EconomíaEn los últimos 3 años, al menos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden público en nuestro país, concretamente, de parte de la Policía Nacional Civil o miembros de la Fuerza Armada cuando han tenido que enfrentarse con pandilleros.

No está de más recordar que la pertenencia a este tipo de organización –pandillas– está proscrita por la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja y que algunas acciones violentas atribuidas a pandillas han sido consideradas como actos de terrorismo por la Corte Suprema de Justicia; en otras palabras, el formar parte de estas organizaciones es un delito, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, por ejemplo. Es necesario mencionar aquí que las dos primeras instituciones antes señaladas nacieron de los Acuerdos de Paz, en 1992, inspirándose en el interés por construir una sociedad respetuosa de los derechos fundamentales de las personas, donde las instituciones encargadas de la seguridad pública no violaran la dignidad intrínseca al ser humano.

De ahí surge el dilema que enfrentan los agentes de la corporación policial y los miembros de la Fuerza Armada, en su labor de apoyo a la primera, obedeciendo un mandato constitucional; en el sentido que algunas de sus acciones contra la delincuencia podrían ser cuestionadas, a pesar de la percepción positiva que existe, de parte de la ciudadanía en general, sobre su trabajo.

Naturalmente que dentro de una organización tan grande, habrá casos excepcionales de abusos o errores, aunque parece reiterativo que en las noticias que cubren este tipo de eventos se califiquen los enfrentamientos, como “presunto” intercambio de disparos entre miembros de las fuerzas de seguridad y pandilleros, centrándose algunas noticias a aspectos tan morbosos como el número de bajas sufridas por estas y por los pandilleros, como elemento para descalificar el trabajo de la PNC, incluso cuando los involucrados han sido personas con órdenes de captura por atribuírseles diversos delitos.

Da la impresión que los responsables de algunas noticias solo darían veracidad a los hechos, si las autoridades se dejaran matar para que las estadísticas locales correspondieran con las reportadas en otras realidades.

Es comprensible la labor de la PDDH porque su razón es velar por el respeto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo el respeto a la vida el más fundamental de todos; sin embargo, algunas declaraciones recientes de la titular de esa institución parecieran dar crédito a todas las denuncias recibidas en contra de la autoridades de seguridad sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Este tipo de señalamientos, en vez de fortalecer la institucionalidad en nuestro país, podrían representar un nuevo obstáculo al control de la criminalidad que están haciendo las autoridades, en el terreno, porque estas declaraciones siembran una estela de dudas sobre el trabajo de la PNC, lo cual favorece solo a las pandillas.

¿Puede haberse dado ejecuciones extrajudiciales recientes en el país?; puede ser, no lo sé, pero lo que sí sé es que resulta necesario probarlo, antes de crear sospechas sobre el trabajo policial. De hecho, esto se está haciendo ya con el caso de algunos agentes presentados por la FGR ante la justicia, por acusárseles de formar parte de grupos de exterminio. Eso tendrá que probarse.

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