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El Acuerdo Nacional, ¿qué le hace falta?

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Rubén I. Zamora

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Nuestro país vive una doble paradoja: por un lado las fuerzas políticas y la sociedad civil coinciden en considerar entre cinco y siete problemas de nuestra sociedad como igualmente graves y estructurales, que tienden a empeorarse y urgen de ser resueltos, pero coinciden en que la polarización política imperante lo impide; una segunda paradoja es el consenso sobre la necesidad de un Acuerdo Nacional para resolverlo, pero, de nuevo, la polarización le niega viabilidad.

La experiencia del gobierno anterior es aleccionadora: llamó a un Acuerdo Nacional, pero, recién iniciado este fue bloqueado por conflictos entre los partidos políticos y terminó en un acuerdo de dirigentes de los partidos parlamentarios, excluyendo a la sociedad civil; el resultado es un documento cuya ejecución depende de la voluntad de los diputados, es decir, sin probabilidad de ser implementado; la experiencia nos dice que este tipo de Acuerdo ejecutado entre los partidos y el gobierno en la gran mayoría de los casos no se ejecuta.

El resultado neto de este impase es que los problemas que realmente aquejan a nuestra sociedad quedan sin posibilidades de ser enfrentados y son pospuestos y se les ponen parches; la "reforma" a las pensiones del año pasado, provocada por la crisis fiscal, que estaba a un paso de declarar el no pago de sus deudas, es un remedio provisional, pero cargando el costo sobre las espaldas de la mayoría de los contribuyentes al sistema de pensiones y transformando lo que debe ser seguridad para el retiro, en imposibilidad de retirarse.

Nuestra experiencia de la superación del conflicto armado de los ochenta es también aleccionadora; casi desde el inicio se empezó a hablar de una solución política, el gobierno hablando y convocando al "diálogo" y el FRD-FMLN presentando propuestas de "negociación", sin embargo, no fue sino hasta 9 años después que esto se convirtió en el real proceso de negociación que generó los Acuerdos de Paz. Al analizarlo aparecen dos factores que si bien no únicos, son claves; por un lado, la sociedad civil gradualmente fue abandonando la posición de considerar a la otra parte el enemigo para asumir que el "entendimiento" entre las partes era la única salida y lo convirtió en bandera pública.

Por otro lado, las partes directamente involucradas en el conflicto armado, ancladas en la concepción que el único camino viable era recurrir a las armas y liquidar al enemigo, se movieron a aceptar que no era viable terminarlo mediante la derrota militar del contendiente y asumieron y actuaron en consonancia por una solución política negociada.

Si aplicamos estos dos factores a nuestra situación actual y a la necesidad de un Acuerdo Nacional, podremos situar nuevas perspectivas para discernir por qué no lo logramos en nuestro país, qué es lo que nos hace falta. Partiendo de los dos ejemplos antes presentados, uno de fracaso y otro exitoso, podemos plantear al menos tres lecciones importantes:

La primera es que para un exitoso logro del Acuerdo Nacional es indispensable generar activamente su necesidad y conveniencia por parte de la sociedad en su conjunto; no basta con proclamarlo, pues en muchos casos no pasa de ser un discurso del diente al labio; nuestra realidad es que la sociedad civil salvadoreña no se ha comprometido en esta tarea. Creo que solo una fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil podría mover y asegurar la factibilidad del Acuerdo Nacional, este fue un componente fundamental de la solución política de la guerra, los planteamientos de solución política que fueron asumidos y difundidos por la sociedad civil, lo declararon públicamente organizaciones empresariales como las populares. Hoy, esta presión es aún más necesaria, pues se trata no solo de inducir a las partes a negociar, sino de ser parte de la negociación del Acuerdo Nacional junto con el Gobierno y los partidos políticos.

Un segundo componente es la incorporación de la sociedad civil como actor indispensable, políticos argumentan en contra aduciendo que ellos son quienes tienen la responsabilidad y el poder de decisión, a lo que hay que responder que la responsabilidad del destino del país es de la ciudadanía entera y así lo manda la Constitución al declararlo en el art. 72.2 un "deber político del ciudadano"; también se aduce que se puede identificar a los actores del proceso, gobierno y partidos, pero casi imposible hacerlo con la sociedad civil dada la heterogeneidad indiscutible de sus organizaciones; al contrario, hay diversos procedimientos para lograr la participación de la sociedad civil sin que se convierta en una asamblea de accionistas y la sociedad civil aporta soluciones, concilia posiciones polares en el proceso y le da continuidad evitando los levantones de actores.

Una tercera lección estriba en el papel del Órgano Ejecutivo; en estos procesos el papel del Ejecutivo es fundamental, su financiamiento y su presencia activa como actor participante y no dirigente son indispensables, pero dada la preeminencia factual del Ejecutivo este tiende a asumir el proceso como propiedad de su gobierno y olvida que el sujeto buscando soluciones a problemas fundamentales es la sociedad, en la cual el gobierno es solo el representante y no el dueño; un Acuerdo Nacional contra la voluntad del Ejecutivo no es posible, sin la participación del Gobierno está destinado a fracasar, pero también si es "del gobierno", no logrará su objetivo.

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  • paradoja
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