El Código de Ética Judicial

El 6 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial el Código de Ética Judicial de El Salvador. Y si bien ha transcurrido más de un año desde su publicación, hasta hace pocos días la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura iniciaron la tarea de su divulgación.
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El Código de Ética reconoce que uno de los principios y deberes de todos los jueces es mantenerse independientes de presiones o intereses extraños, razón por la que, ese cuerpo normativo establece que deben rechazar cualquier intento de influencia jerárquica, político partidaria, de grupos de presión, de amistades o recomendaciones que intenten incidir en sus resoluciones.

En sintonía con lo ya resuelto por la Sala de lo Constitucional, al referirse a la independencia el Código es claro al señalar que los jueces deben abstenerse de afiliarse a partidos políticos, de participar en cuadros de dirección en los mismos y de realizar cualquier actividad político partidaria. También deben mantenerse imparciales y se les exige que eviten todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. Dentro de las limitaciones impuestas para que puedan mantener su independencia se encuentra evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con abogados, evitar que su persona sea asociada con firmas de abogados o consultores y evitar hacer o recibir invitaciones o favores.

El Código de Ética alude a una conducta que por años ha estado anquilosada en la práctica forense, obligando a los jueces a no conceder reuniones privadas con una de las partes, sus abogados o personas vinculadas con ellas, en su propio despacho o fuera de él.

Se les exige integridad, prudencia, responsabilidad, cortesía, diligencia, honestidad y transparencia en sus actuaciones. No solo debe impartirse justicia diligentemente dice el Código; también ha de poder verse cómo se imparte.

El Código se ocupa de los deberes éticos de los jueces con las partes, con sus abogados, con los otros órganos del Estado, con las instituciones públicas y privadas y con los medios de comunicación estableciendo un abanico de conductas que pueden serles exigidas por las personas a quienes deben.

Para vigilar el cumplimiento de estos deberes y sancionar su inobservancia se crea el Tribunal de Ética Judicial que estará compuesto por jueces, abogados en ejercicio y docentes universitarios. Este Tribunal podrá conocer de cualquier denuncia que se interponga por cualquier persona que considere que se le han vulnerado los derechos previstos en el Código.

Falla el Código al establecer las posibles sanciones cuando solamente concede al Tribunal de Ética la facultad de hacer recomendaciones al juez o llamarle la atención en privado, como igual falla al no establecer sanciones más drásticas ante una conducta recurrente. De todos modos se trata de un buen primer paso por transparentar la actividad judicial y comenzar a devolver la confianza que ha venido perdiendo la administración de justicia en nuestro país.

Corresponde divulgar este catálogo de comportamiento a la comunidad. Está bien que se haya comenzado a divulgar entre los jueces, pero eso resulta insuficiente si los usuarios del sistema no conocen y exigen los derechos que en este Código se les reconocen.

Como lo dijimos cuando hace algunos años se presentó a la comunidad jurídica y empresarial de este país, el “Código de Ética del Abogado”, tener un Código es insuficiente; la ética debe vivirse.

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