El Consejo Nacional de Seguridad

La experiencia demuestra que el fracaso de aquel bien intencionado impulso del año 2007 fue provocado, en parte, por la ausencia de una adecuada planificación que señalara plazos, responsables, costos e impactos esperados de cada una de las medidas en las distintas áreas apuntadas.
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Mientras la población espera las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad, la cantidad de homicidios, de extorsiones y, en general, la percepción de inseguridad aumenta exponencialmente. La iniciativa del presidente de sentarse a discutir las mejores ideas para combatir el crimen fue bien recibida por los principales actores nacionales. Rechazar el diálogo en un ámbito que requiere del consenso nacional sería muestra de un comportamiento egoísta, antipatriótico y oscuramente ideologizado.

Por eso es tan importante que alrededor de la mesa se encuentren los empresarios, los partidos políticos, las iglesias, los trabajadores y los movimientos sociales. El acompañamiento de los organismos internacionales y su apoyo logístico y financiero son el otro eslabón que podría contribuir al éxito de la medida. Hasta ahora ninguno de los participantes ha divulgado públicamente los acuerdos de las mesas de trabajo, no los han criticado ni tampoco han renunciado a formar parte del Consejo a pesar de algunas acciones en contra de la transparencia y la democracia electoral por parte de la presidencia.

El compromiso de esta instancia es muy grande y complejo. Con anticipación otros esfuerzos similares arrojaron creativos planteamientos que lamentablemente fueron archivados en las gavetas de los funcionarios. Durante el quinquenio 2004-2009, se creó la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social. En esa ocasión también concurrieron las diferentes fuerzas políticas, profesionales distinguidos, rectores de universidades, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y los principales líderes religiosos del país. En total fueron setenta y cinco las recomendaciones acordadas en siete líneas estratégicas: 1. Prevención de la violencia y fortalecimiento de la convivencia pacífica. 2. Mejores instituciones. 3. Información, transparencia y rendición de cuentas. 4. Recursos Humanos eficientes. 5. Más coordinación entre las instituciones. 6. Modernización de la legislación penal y procesal penal y aplicación efectiva. 7. Más recursos financieros. La secretaría técnica estuvo a cargo de la oficina de Naciones Unidas en El Salvador.

Las expectativas en ese entonces eran muy similares a las que se han cifrado en el actual Consejo de Seguridad. La población le otorgó a aquella comisión el “beneficio de la duda”. Siete años después continúan los asesinatos, el hacinamiento carcelario, el déficit presupuestario para las tareas de seguridad y la discusión partidaria sobre los planes de las autoridades. Los avances han sido inexistentes y el liderazgo de las autoridades prácticamente nulo. A la involución señalada debe agregarse el involucramiento de algunos agentes policiales en actos delictivos, el asesinato de otros y muy pocas iniciativas de depuración en las distintas instancias que tienen a su cargo la investigación del delito y la administración de justicia.

Este antecedente incorpora una presión adicional para el Gobierno de la República. La experiencia demuestra que el fracaso de aquel bien intencionado impulso del año 2007 fue provocado, en parte, por la ausencia de una adecuada planificación que señalara plazos, responsables, costos e impactos esperados de cada una de las medidas en las distintas áreas apuntadas. Tampoco se creó un comité que forzara a los ministros de turno a rendir cuentas de la ejecución de las tareas pactadas. Es probable que esta omisión se debiera a la presunción que el Ministerio de Seguridad de aquella época, el director de la Policía, los jueces y fiscales cumplirían sus obligaciones sin necesidad de un grupo externo de personas que monitorearan la implementación de los planes.

Durante los próximos días el Consejo Nacional de Seguridad hará públicas las conclusiones de su trabajo. Es muy probable que varias, si no es que la mayoría de sugerencias, sean muy similares o hasta las mismas que se plasmaron hace dos administraciones en aquel documento suscrito en Casa Presidencial. Eso no importaría si el método para su ejecución es diferente y si el seguimiento de las acciones se somete a un cronograma supervisado por una instancia que bien podría surgir del mismo Consejo a través de la conformación de una dirección ejecutiva. Esta última, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tendría que informar sobre los resultados, de manera mensual, incluyendo cifras y datos concretos cuya exactitud debería contrastarse con las estadísticas de un observatorio de seguridad administrado por organizaciones independientes.

Hasta ahora el Consejo ha amortiguado las críticas por la falta de una política criminal integral que debió ser presentada desde el primero de junio por la actual administración. También ha evitado la censura y los reproches de la sociedad por la ausencia de un liderazgo en el ámbito de la seguridad pública. En la medida que este último se fortalezca e inicie una cruzada en contra de la delincuencia seguramente encontrará muchos adeptos que le apoyen decididamente para erradicar de una vez por todas el miedo y la falta de esperanza en el país.

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