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El Estado quedó en deuda

El viernes pasado, la jueza especializada de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer condenó a 50 años de prisión a Mario Alberto Huezo Portillo por el feminicidio de Karla Turcios, su pareja y una periodista del Grupo LPG. Además, el fallo obliga a Huezo a pagar $40,000 por responsabilidad civil.

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Luis Laínez

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El caso tardó casi dos años en los tribunales. Y aunque parezca mucho tiempo, en realidad fue rapidísimo, debido a la atención que despertó. Y aunque fuera atípico, es una muestra de la realidad salvadoreña, del avance de la justicia en El Salvador y del estado en el que se encuentra nuestra sociedad.

Hablamos de un caso de violencia asesina en contra de la mujer, pero también de violencia económica y sicológica. El crimen por el que fue condenado Huezo Portillo lo realizó enfrente de su hijo, un niño con autismo, lo que agrega más crueldad y deshumanización a un delito de por sí deleznable.

¿Qué motiva a un hombre atacar de esa forma a la mujer por la que hizo votos de quererla, respetarla y estar con ella en las buenas y malas? No se puede alegar demencia, aunque esa era la tesis de la defensa de Huezo Portillo para justificar un delito que decidió conscientemente y sin remordimientos.

El sistema de justicia salvadoreño terminó el caso con una condena. Pero también desnudó otra realidad: ¿qué pasa con el hijo de esta pareja? El niño perdió a su madre por la violencia feminicida de su padre. Tiene la posibilidad de vivir con sus abuelos, quienes deberán dedicar sus años de retiro a criar a un niño que requiere cuidado especial por su condición de autismo. Pero hay otros niños que no corren la misma suerte y quedan bajo la protección de tíos u otro familiar. O sencillamente son "institucionalizados", es decir, son incorporados al Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

El Estado salvadoreño no se ocupa de estas situaciones. El 25 de noviembre del año pasado, LA PRENSA GRÁFICA reveló que ninguna institución lleva registros de los huérfanos por los feminicidios. Y eso fue precisamente lo que la jueza especializada hizo ver durante su fallo contra Huezo Portillo: los diputados deben legislar sobre esta materia para que el Ejecutivo pueda atender los casos como el del hijo de Karla Turcios. Instituciones como el ISNA, ISRI y el Ministerio de Educación deberían tener un papel claro en situaciones como esta, y no porque una jueza detecte un fallo, sino porque el Estado así lo haya previsto. Pero esto aún es una deuda del Estado. Ya no puede seguir así.

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