El FMI y la respuesta gubernamental

La última Misión del Fondo Monetario Internacional reiteró por enésima vez la necesidad de un ajuste fiscal.
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Este tiene a la base la presencia de un déficit estructural, el creciente nivel de deuda que ya superó con creces los estándares recomendados para países como el nuestro; la gravitación y complejidad de las pensiones y el magro (prolongado) desempeño de la economía. El ajuste se centra en las cuentas del gobierno y un poco en los salarios, porque el país no tiene virtualmente ningún margen de maniobra en otros campos. La ventaja es que la inflación es baja y en el caso del sector externo, los elevados desajustes que registra la balanza de pagos se pueden ir “chineando”, arropados en la capacidad para importar en cuenta corriente, en los flujos netos “normales” de capital y en aquellos –lo cual no es una virtud– vinculados a las cada vez más notorias actividades ilícitas.

Se trataría entonces de un ajuste atípico, con más potencial recesivo que uno de corte más ortodoxo. Consecuentemente, el nuevo equilibrio macroeconómico que se andaría buscando, sería más complicado por las restricciones antes apuntadas; de ahí el fuerte énfasis en la tributación y el gasto. En el primer caso, el quid está en cómo aumentar los recursos del gobierno, sin deteriorar más la alicaída actividad productiva, el empleo y el ingreso familiar. La experiencia del país en este caso es prácticamente nula, porque los sucesivos gobiernos siempre han privilegiado el aumento de los impuestos vigentes y/o la creación de nuevos, cuando sus finanzas pasan por malos momentos. En cambio, han sido poco proactivos en buscar formas menos onerosas como aumentar la base tributaria, combatir la evasión y la elusión, y aun eliminar los subsidios e incentivos a sectores que no los necesitan. Pero por muy efectivas que resulten las medidas que se requieren en estos casos, no resuelven el problema principal, aunque sí ayudan a moderar la fatiga fiscal que afecta a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Veamos la otra cara de la moneda. Quienes nos dirigen, siempre se hacen los suizos cuando se les mencionan las cifras millonarias que se destinan al gasto improductivo y abusivo, las inversiones costosas pero ineficaces, el clientelismo político y las grandes sumas que van a parar a los bolsillos de los corruptos. Lo que podríamos llamar “The Congress papers” –gracias a la valentía del diputado Valiente– han sacado a la superficie la punta del iceberg y el poco respeto que les merecemos a ciertos personajes del partido en el poder, cuando reaccionan a preguntas sobre el excesivo gasto en la AL. Dicen que los ejemplos son malos, pero las respuestas recientes de la presidenta del congreso y la de la jefa de fracción sobre el tema, aparte de ser esquivas, siempre van cargadas de sarcasmo y desdén por nuestra inteligencia. Si esto ocurre con el manejo de un presupuesto proporcionalmente bajo, pero excesivo para el trabajo encomendado, se puede inferir que lo mismo –o algo peor– ocurre en el resto del sector público. De allí, el marcado énfasis del FMI en la necesidad de racionalizar e incluso reducir el gasto corriente, congelando y/o disminuyendo plazas, focalizando subsidios y cambiando los elementos paramétricos del sistema de pensiones, entre otros.

Sin embargo, todo apunta a que, como en otras oportunidades, se invocarán una y mil razones para no tomar las medidas pertinentes, que aunque dolorosas, pueden prevenir un colapso financiero total en el gobierno. A esta conclusión se llega, a partir de declaraciones del secretario técnico de la Presidencia y del ministro de Hacienda, que abiertamente han dicho que no comparten las recomendaciones del FMI, aunque seguramente están claros del riesgo que corre el país de seguir eludiendo un problema que se complica con cada día que pasa. Así las cosas, solo pueden esperarse medidas para intentar capear la tormenta de cara a los próximos eventos electorales. Entendido así, el problema no es solo técnico sino también político. De ahí la sugerencia del mismo FMI de trabajar en torno a un acuerdo mínimo o una visión compartida.

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