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El Mozote ¿locura o estrategia?

La declaración del general Bustillo en el juicio de la Masacre de El Mozote señalando que "fue un acto de locura" del teniente coronel Monterrosa el haberla ordenado y ejecutado se presta a consideraciones sobre la culpabilidad del indiciado hoy bajo juicio, pero al mismo tiempo requiere una observación más profunda y comprensiva sobre la naturaleza jurídica de las masacres de nuestra guerra civil.

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Rubén I. Zamora

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La afirmación de locura por parte del general Bustillo puede entenderse de dos maneras: una, que se trata de la simple exclamación que a veces usamos cuando un conocido hace algo que consideramos incongruente con la imagen que de él tenemos y lo llamamos "locura", sin que creamos estaba realmente loco. Pero también cabe otra lectura, se trata de un intento de exculparlo, pues la locura es una de las causas que la ley establece para excluir la responsabilidad penal según el art. 27.4 del Código Penal. ¿Estamos en presencia de un intento de Bustillo de absolver de toda culpabilidad a su compañero de armas o simplemente se trata de una expresión vulgar? Cualquiera que sea la intencionalidad, la afirmación del general se presta al análisis de lo sucedido, de allí el título de este artículo.

Para ello debemos de remitirnos al Informe de la Comisión de la Verdad, fruto de los Acuerdos de Paz, presentado el 15 de marzo de 1993, que, me parece es el documento oficial que ha tratado el tema con mayor profundidad y detalle. En el Informe se estudian detalladamente siete casos, cuatro bajo el acápite B.2 "Ejecuciones Extrajudiciales" y tres en el acápite C "Masacres de Campesinos por la Fuerza Armada". Para nuestra discusión, lo más relevante es el numeral 4 de este último acápite, pues bajo el título de "El Padrón de Conducta" establece los parámetros de este tipo de delitos.

Su texto parte afirmando: "La Comisión recibió testimonios directos de numerosas ejecuciones masivas ocurridas en el transcurso de los años 1980, 1981 y 1982 en las cuales elementos de la Fuerza Armada, en el curso de operaciones antiguerrilleras, ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños, que no habían opuesto ninguna resistencia, simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros" y a continuación afirma: "El número de ejecuciones de este género... es tan elevado y está tan fundamentado que lleva a la Comisión a descartar toda posibilidad de que se haya tratado de incidentes aislados o de exceso de los soldados o sus jefes inmediatos".

En vista de lo anterior, la Comisión concluye: "Todo comprueba que estas muertes se inscriben dentro de un patrón de conducta, de una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población campesina de la zonas de actividad de los guerrilleros". Y más adelante reafirma: "Es imposible sostener que este patrón de conducta sea atribuible solo a los mandos locales y que haya sido desconocido de los mandos superiores".

Finalmente remacha: "Estos pequeños esqueletos son prueba no solo de la existencia de la fría masacre de El Mozote, sino también de la corresponsabilidad de los mandos superiores... no puede aceptarse en este caso la excusa de que los mandos superiores ignoraran los hechos".

Lo anterior nos lleva a tres conclusiones: 1) La masacre de El Mozote no puede ser atribuida a un acto de demencia, era parte de la estrategia militar de la Fuerza Armada de "negarle al pez –la guerrilla– el agua –la población". 2) La responsabilidad penal abarca a los mandos superiores, en este caso, el Estado Mayor de la Fuerza Armada, por haber definido la política de masacres, darle cobertura negando los hechos y por no cumplir con su obligación de investigar, procesar a los hechores y tomar medida para impedirlas; en otras palabras, lo que la Comisión nos está planteando es la doctrina de la Cadena de Mando" hoy ampliamente aceptada por el derecho penal universal y que en esencia dice que cuando se trata de violaciones sistemáticas, incurren en responsabilidad no solo los ejecutores sino también la jerarquía superior que los ordenan, encubren y no impiden su repetición. 3) El general R. Bustillo, como comandante de la Fuerza Aérea (1979 a 1989) e integrante del Estado Mayor, también debe responder por esa tragedia.

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