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El Puerto de La Unión, retraso injustificable

En noviembre de 2011, destacamos que por fin –el 8 de septiembre de ese mismo año– se había aprobado la denominada “Ley de Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de la Unión Centroamericana”, haciendo notar que a partir de esa ley se establecerían las condiciones, el plazo, el monto de las inversiones y demás requisitos exigibles para que un operador portuario especializado, con conocimientos, experiencia y recursos, pudiera recibir en concesión el Puerto de La Unión por 30 años.
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Ya transcurrió más de un año desde entonces, y seguimos prácticamente en el mismo lugar. Hasta la fecha no se ha iniciado el proceso de licitación internacional para el otorgamiento de la concesión del puerto, ni se tiene certeza que ello de verdad llegue a suceder este año pues apenas se han dado pasos que no presagian un pronto resultado. Tal parece que la concesión y posterior operación del Puerto de La Unión sigue sin ser prioridad en nuestro país.

Esto es muy lamentable; no hay ya ningún tipo de justificación para esta desidia. Aunque muy tarde, lo cierto es que las distintas posiciones políticas que en su momento obstaculizaron la puesta en funcionamiento del referido puerto fueron superadas desde hace ratos; precisamente porque se superaron tales diferencias fue posible dictar la Ley de Concesión del Puerto. Al día siguiente de haberse promulgado esa ley, se debió haber comenzado a aplicar.

Entendemos que las responsabilidades de CEPA son muchas, y vemos bien que en relación con algunas de esas responsabilidades ya se haya comenzado a hacer lo que estaba pendiente desde hace muchos años; no con la velocidad deseada pero al menos avanzando sostenidamente. Para el caso, la reciente titularización de los flujos futuros de CEPA, con miras a ampliar y modernizar las instalaciones del aeropuerto de Comalapa es una decisión audaz pero necesaria. En ese caso en particular estamos presenciando la utilización de herramientas financieras modernas, que bajo una buena fiscalización del ente supervisor –la Superintendencia Financiera en este caso– puede contribuir enormemente a la realización de proyectos de infraestructura de grandes envergaduras. Bien manejada, esta titularización puede ser un excelente precedente al cual más adelante podrían acudir otras instituciones públicas para financiar sus actividades.

Pero en el caso del Puerto La Unión la historia es radicalmente distinta. Lo que estamos presenciando es el continuo e indefinido desperdicio de una obra de infraestructura que nos cuesta muchísimos millones a todos los salvadoreños. Nadie nos ha regalado esa obra; la misma se construyó gracias a un préstamo internacional que ya se ha comenzado a pagar y que continuaremos pagando sin siquiera usar como se debe el puerto objeto del financiamiento. Si a ello agregamos el costo de mantenimiento en que se está incurriendo, las cifras son aún más astronómicas.

Todos debemos estar conscientes de que tenemos una obra de primer mundo que rápidamente está quedando obsoleta, simple y sencillamente porque no está siendo utilizada. Y todos debemos estar de conscientes que mientras tanto, otros países de la región dan pasos decididos por tener y operar infraestructuras portuarias que terminarán por enterrar las aspiraciones con las que se construyó el Puerto de La Unión.

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) hace un respetuoso llamado a las autoridades de CEPA, para que de una vez por todas inicien el proceso de licitación internacional, el cual logre como resultado final la concesión del Puerto de La Unión a un operador de primera línea. Este proyecto ya no puede ni debe mantenerse inerte; cada día que transcurre sin que se avance en la aplicación de la Ley de Concesión del Puerto se traduce en costos directos significativos, como en oportunidades perdidas que después no podremos recuperar. Avancemos rápidamente.

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