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El S.O.S. presidencial (I)

Una cuestión de fondo. A partir del llamado del presidente Sánchez Cerén de trabajar en torno a un “pacto fiscal”, se puede colegir que el manejo de la hacienda pública se le está saliendo —si no se le salió ya— de control.
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 Aún más, quisiéramos pensar que al hablar de la necesidad de “apretarse el cinturón”, implícitamente reconoce que las dificultades fiscales no pueden seguirse enfrentando con improvisaciones. Y sobre todo, dirigiendo las baterías solo al campo tributario y al endeudamiento, que, por lo demás, han sido utilizados con mucha discrecionalidad para enfrentar problemas de liquidez, mas no para garantizar la sostenibilidad fiscal.

Por otro lado, resulta curioso que el llamado del presidente haya tenido lugar durante uno de sus últimos eventos sabatinos. Se supone que en estos encuentros, el mandatario trata de persuadir a la audiencia de que el país está caminando por la senda correcta y de que lo mejor está por venir. El condimento con que aderezó la figura del buen vivir, al asegurar que el pacto no implicaría despedir personal de la administración pública, también sugiere un intento de llevar tranquilidad a miles de familias que dependen de un salario público, o, más bien, de la capacidad del sector productivo de pagar impuestos, aunque precisamente es en la frondosa burocracia que se ha acumulado desde 2009 que subyace gran parte del problema fiscal. Aún más, la mayor proporción de los más de 40 mil empleos adicionales no se origina en las demandas en seguridad, educación y salud públicas, como lo sostiene el gobierno, sino la empleomanía asociada, según se dice, con el activismo partidario, la parentela y el amiguismo, sin ninguna idoneidad para desempeñar el cargo.

Con todo, el llamado del presidente puede considerarse pertinente, pero por lo apuntado antes, el intento de sanear las finanzas públicas no puede quedar confinando a un pacto. Este ciertamente es necesario, para darle la legitimidad social que se requiere en casos críticos como el que nos ocupa. Consecuentemente, si esto no tiene una base real que lo sustente, el ejercicio puede terminar, como otros, en un rotundo fracaso. La experiencia relativamente reciente así lo confirma. Durante la administración anterior todos los partidos políticos votaron a favor de la emisión de bonos por $800 millones, con el compromiso el gobierno de administrar las finanzas públicas con base en un acuerdo de sostenibilidad. Desafortunadamente, este, por las razones que sea, fue incumplido a los pocos meses de haber sido firmado. Como antecedente también es pertinente traer a colación que tampoco se respetaron las reglas de juego para que el país pudiera acceder a un préstamo precautorio del FMI, a fin de enfrentar eventuales problemas de liquidez.

Entonces, aquí no se trata de invocar solo la buena voluntad para resolver un problema de grandes dimensiones. Es por esta razón que dicho organismo sugiere un “ajuste fiscal”, que involucra una serie de acciones y compromisos en el campo impositivo, el gasto, los subsidios y la política de empleo en el sector público. Ciertamente sugiere también una especie de pacto nacional, pero esto con el propósito de darle a su propuesta la legitimidad social que requiere un programa financiero con previsibles consecuencias políticas, económicas y sociales de gran envergadura.

Así, no sobra insistir en que la diferencia entre lo que supuestamente propone el presidente y lo que sugiere el FMI no es simplemente una cuestión de semántica. Obviamente es necesario, reiteramos, “socializar” el programa, pero esto no sustituye la esencia del mismo. Para esto –y en el entendido que la entidad no obliga a nadie a aceptar sus recomendaciones– es que tanques de pensamiento y expertos en la materia han sugerido la suscripción de un “stand by”. De no hacerlo se corre el riesgo de caer en un default como ha ocurrido en varios países de la región o de que se nos cierren todas fuentes de financiamiento, incluyendo organismos como BM y el BID, que pueden hacerlo simplemente activando la llamada “condicionalidad cruzada” por no haber pasado antes por la ventanilla del FMI.

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