El Salvador en la mira del FMI

La reciente evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la economía salvadoreña es más que oportuno comentarla en el marco de la invitación que se realiza a fin de participar en el “debate público activo” por la sociedad salvadoreña para alcanzar acuerdos básicos en materia de crecimiento económico y las medidas para reducir el déficit fiscal.
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Esa invitación aparece en el artículo publicado en el sitio web del FMI, “El Salvador: transición para elevar el crecimiento y reducir la deuda” de Mario Garza y Bogdan Lissovolik, 2015.

La recomendación de los articulistas es que para “mejorar la economía del país se requiere de una estrategia con dos pilares: un ambicioso ajuste fiscal para reducir la deuda pública y medidas de oferta para elevar el crecimiento y crear más empleo”. La preocupación es que el déficit fiscal pase del 4 % observado en 2014 a 5.5 % en 2019.

Pero, ¿por qué insistir en la problemática fiscal cuando los resultados actuales sobre la materia de reducción del déficit son mejores que los resultados pasados? ¿Por qué asumir como prioridad política ese detalle? Existe el consenso sobre que es preciso sanear las finanzas públicas, pero eso no indica ni justifica que deben desaparecer todas las transferencias que realiza el Estado, o que se deban de realizar medidas de ajuste al estilo del FMI, que podría generar más desequilibrios económicos y sociales; ¿o se debe aplicar un proceso de austeridad severo para reducir a menos del 3.7 % el déficit fiscal ya alcanzado en el año 2014?

En el informe anual y en el mismo artículo citado no se analiza más que los últimos tres años, sin destacar que durante el año 2009 se cerró con un déficit fiscal de 1,142 millones de dólares, equivalentes al 5.7 % del PIB, y ya para el año 2014, se había reducido a menos del 4.0 % del PIB, manteniendo los programas sociales ya conocidos. Lo que sorprende de “las recomendaciones” del FMI es que se exhorte al incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto a la propiedad, y además indique que “debe revertirse la trayectoria ascendente de la masa salarial del gobierno”. También, se propugna por “reducir las cuantiosas obligaciones del sistema de pensiones que hoy asciende a más del 90 % del PIB”. En mi opinión personal, esas medidas u objetivos de llevarse a cabo impactarían inmediatamente con un proceso recesivo de la economía salvadoreña reduciendo la demanda agregada, y por consiguiente afectando el consumo, la producción e inversión y el empleo. Las considero esas medidas como “temerarias” por la misma debilidad del aparato productivo salvadoreño.

El otro pilar referido a la oferta y las medidas o recomendaciones asociadas que se mencionan en el referido artículo es “promover diversificación de la economía, simplificar los trámites para las empresas, mejorar la seguridad pública, reducir los costos de la energía y modernizar la infraestructura física”.

A lo largo de los años la literatura económica aconseja la importancia de promover la inversión privada y pública. ¿O no es cierto que los países con crecimiento acelerado de los últimos cuarenta años, sus resultados positivos han sido por haber impulsado y favorecido el cambio estructural, y no solamente por asumir ese tipo de medidas, que si bien son importantes, pero no son suficientes para generar mayor demanda y oferta intersectorial en el mismo aparato económico salvadoreño?

¿Es preferible seguir ajustando el déficit y llevarlo a menos del 3.0 % generando brechas sociales que profundicen la pobreza en El Salvador? Pienso y estoy convencido que a nadie le conviene ampliar las brechas sociales, que de por sí, ya son preocupantes.

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