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El Salvador es un país de riesgo, y en las circunstancias actuales tal condición se ha intensificado y complicado al máximo

El que dicho liderazgo no sólo no asuma tal cometido, sino que se dedique a promover conflictividades de toda índole, es una inconcebible fuente de riesgos y de trastornos.

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Lo que está pasando en nuestro país actualmente y lo que ya se prevé que podría pasar en el inmediato futuro son elementos de juicio y de valoración dignos de ser tratados en forma urgente y a cabalidad, porque los hechos no esperan ni es factible resolver ningún tipo de problema o contrarrestar ninguna forma de amenaza con simples reacciones de momento. Como hemos señalado con insistencia sistemática, sólo si hay esfuerzo articulado y procedimientos puestos al día será factible moverse hacia el área de las soluciones, que nunca serán absolutas pero que deben ser concebidas e implementadas tomando en cuenta todos los factores que hoy están presentes. Tarea que exige detallismo minucioso y a la vez percepción integral de lo que sucede y de lo que realísticamente se prevea que puede suceder. Obviar cualquier forma de riesgo es exponerse de manera irresponsable a seguir cayendo en los círculos viciosos que se han ido volviendo tan comunes entre nosotros.

Al hacer un enfoque integral sobre las cuestiones y los temas que más inciden sobre la suerte del país y de su gente, queda en clara notoriedad que venimos estando desde hace mucho tiempo inmersos en una problemática que no parece tener fin. Y esto último no es porque los problemas en sí sean irresolubles, sino porque nunca se les han dado los tratamientos correctos y suficientes, y porque lo que se impone a cada paso es un zigzag irresponsable, en el que todos los actores nacionales participan, de una o de otra manera: por acción o por omisión. Y hoy, dentro del torbellino de la pandemia, eso se hace más patente, como si nos moviéramos en continuo desencuentro con las realidades que nos envuelven y nos asedian.

Hay una especie de sordera generalizada y compulsiva que hace que los distintos actores y gestores que se mueven en el escenario real carezcan de verdadera voluntad y de efectivo compromiso para encarar las responsabilidades que le tocan a cada uno en particular y que corresponden a todos en general. Y, por supuesto, es el rol de las instituciones superiores del sector público, comenzando por el liderazgo gubernamental, el que más obligado se halla a posibilitar la construcción y la salvaguarda de una ruta de avance que le permita a la nación entera ir saliendo adelante. El que dicho liderazgo no sólo no asuma tal cometido, sino que se dedique a promover conflictividades de toda índole, es una inconcebible fuente de riesgos y de trastornos de todo tipo y de todo calado. Todo esto hay que superarlo cuanto antes, lo cual puede lograrse si hay un giro de voluntades hacia el respeto al orden institucional en todos los sentidos.

Riesgos muy específicos como los que derivan de la crisis fiscal y de la insuficiencia financiera que carga desde hace tanto sobre las espaldas del país deberían mover a las diversas fuerzas nacionales hacia un reencuentro que no sea puramente formal, como tantas veces lo ha sido, sino que represente un nuevo estado de conciencia que redefina el manejo de los asuntos públicos y de las responsabilidades sociales, que a todas luces ha sido dejado a la buena de Dios.

Dentro de muy poco tendremos una nueva Asamblea Legislativa, y en ese marco habría que reposicionar el ejercicio de los pesos y contrapesos que son indispensables para que el equilibro institucional no se desquicie.

Va a ser sin duda una labor muy difícil, y la ciudadanía tiene que poner lo suyo a la hora de definir su voto. Para el país no se trata de un pulso entre vencedores y perdedores, sino de lograr que la normalidad salga fortalecida en todo caso.

Lo primero que habría que evitar es que las conflictividades se multipliquen, emprendiéndose de inmediato un esfuerzo de armonizaciones que funcione en serio. Hagámoslo ya, para que el tiempo no siga comiéndonos el mandado.

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