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El Salvador ganó demanda de Pacific Rim

Eso debería comenzar transparentando el otorgamiento de concesiones por parte de funcionarios públicos, en nombre del Estado, exponiéndolos al escrutinio ciudadano para evitar actos arbitrarios que perjudiquen los intereses del país.
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Hace algunos años LA PRENSA GRÁFICA publicó un par de artículos que escribí sobre la demanda infundada promovida por la multinacional Pacific Rim, de origen canadiense, en contra del Gobierno de El Salvador, alegando daños económicos sufridos por la negativa de este, de extenderle permisos de explotación de oro en el departamento de Cabañas, hecho que sucedió durante el mandato del presidente Elías Antonio Saca.

Previamente, durante el gobierno del presidente Francisco Flores, el ministro de Economía, Miguel Lacayo, le otorgó a la referida compañía permisos para explorar el potencial aurífero en San Isidro, Cabañas y otros lugares.

Naturalmente que un permiso de exploración supone el otorgamiento futuro de derechos de explotación; sin embargo, tal como se explicó en los artículos publicados por LA PRENSA GRÁFICA, hace un par de años atrás, dichos actos administrativos (permisos de exploración y de explotación) son actos independientes entre sí y no se puede argumentar, legalmente hablando, que existen perjuicios en contra de derechos adquiridos cuando, en esencia, la concesión para la explotación todavía no se había otorgado.

Lo único que existía en aquel momento eran simples expectativas; aunque carecían del carácter de expectativas de derecho, propiamente dichas, tomando en cuenta la naturaleza independiente que hay entre los actos administrativos aquí comentados.

Se señalaba, además, que la concesión de exploración no podía tomarse como un “acto condición” indefectible para la explotación de un recurso estatal. Claro que continuaba siendo un acto condición, pero para la exploración, únicamente, no para la explotación.

Ahora bien, es necesario tener presente aquí que los actos administrativos son decisiones unilaterales de entidades gubernamentales –legalmente competentes en alguna materia en particular–, para resolver peticiones sobre la explotación privada de una actividad regulada por el Estado, la prestación de un servicio público a través de terceros o la explotación de bienes del Estado, como sería el caso de los recursos naturales del subsuelo.

Por otro lado, hay que recordar que Pacific Rim trató de manipular la aplicación de la Norma Internacional sobre el manejo de diferendos en materia de Inversión al amparo del CAFTA-RD, al domiciliar oficinas en EUA, intentando con ello cobijarse bajo el marco jurídico del referido TLC, a pesar de que Canadá no lo había suscrito como Estado parte.

Como esa estrategia no prosperó, en la empresa tomaron la decisión de incoar una demanda para hacer valer sus “pretensiones”, en el Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia adscrita al Banco Mundial, con sede en Washington.

En el intertanto, Pacific Rim fue adquirida por Oceana Gold, corporación multinacional de origen australiano que retomó la demanda iniciada en el CIADI por la primera.

De hecho, estoy casi seguro que parte del valor pagado por Pacific Rim tomó en cuenta los posibles beneficios económicos derivados del litigio en cuestión.

En tal sentido, la motivación de la empresa –en el seno del referido tribunal–, en caso de habérsele reconocido perjuicios a intereses legítimos por las acciones del Estado salvadoreño, consistía en exigir una compensación por los “daños económicos experimentados”, equivalente a $301 millones.

Este tipo de prácticas por parte de multinacionales, legales o no, orientadas a doblegar la voluntad de economías pequeñas para lucrarse sin ningún tipo de escrúpulos, dan validez a las declaraciones de los titulares de la FGR sobre este caso, en el sentido que deben fortalecerse las instituciones locales.

Eso debería comenzar transparentando el otorgamiento de concesiones por parte de funcionarios públicos, en nombre del Estado, exponiéndolos al escrutinio ciudadano para evitar actos arbitrarios que perjudiquen los intereses del país.

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