El TPS, un apoyo a la economía y seguridad de El Salvador

Estamos claros que el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 2001 por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EUA) a El Salvador, a propuesta del entonces presidente George W. Bush, luego de los terremotos de 2001 que asolaron al país, fue una medida provisional. El TPS ha beneficiado a 190,000 compatriotas hasta la fecha, en vísperas de la decisión que tomará el Gobierno de Estados Unidos sobre la continuación del TPS para los salvadoreños.

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David Hernández / Escritor

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A la fecha son 13 los países que gozan de TPS, otorgado en casos de guerra o calamidades naturales, entre los que se cuentan Haití, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Actualmente hay cerca de tres millones de salvadoreños residiendo legal o ilegalmente en territorio de EUA, y otros cientos de miles que se encuentran residiendo en países como Australia, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o en territorio europeo como en Italia, España, Suecia, Alemania o Inglaterra.

Las remesas que estos salvadoreños en el exterior envían a El Salvador, fundamentalmente de EUA, superan los 4 mil millones de dólares anuales, tendencia ascendente; lo cual constituye alrededor del 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

¿Qué significaría la cancelación del TPS para los 190,000 salvadoreños beneficiarios del mismo, el próximo año? En primer lugar un terrible golpe sicológico y emocional a las familias de los beneficiarios tanto en EUA como en El Salvador. Buena parte de los afectados, por una estrategia de supervivencia, se verían obligados a pasar a la ilegalidad, pues solo una mínima cantidad de los mismos aceptarán regresar de manera inmediata al país, luego de la anulación del TPS.

El general John Kelly, actual secretario de Seguridad Nacional y jefe de Gabinete del Gobierno de EUA, que en el pasado lideró el Comando Sur de EUA, conoce de primera mano las realidades centroamericanas, y en especial la salvadoreña, pues fue el arquitecto del Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador), que tiene como objetivos centrales combatir el crimen organizado, erradicar las causas de la emigración a EUA, combatir la corrupción, la pobreza, así como fomentar el progreso a través del desarrollo integral de estos países.

Estos objetivos, que están desarrollándose conjuntamente entre el Triángulo Norte y EUA, se verían truncados por la cancelación del TPS a los salvadoreños. Pues las consecuencias se verían en la disminución de las remesas a las familias y a la economía salvadoreñas, en el retorno de miles de salvadoreños a un país sin perspectivas y en el lógico aumento de la inseguridad ciudadana.

Sabemos que el TPS, como su nombre lo indica, es una medida de carácter temporal. Pero, a 17 años de haber sido otorgado a El Salvador dicho beneficio, es hora de legalizar, por medio de una residencia permanente o incluso con la concesión de la ciudadanía estadounidense, a los actuales beneficiarios que residen en EUA, trabajan honradamente, pagan sus impuestos y ayudan a la economía del país.

Se trataría de una medida en sintonía con los lineamientos de la Alianza para la Prosperidad.

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