El acabose

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En una democracia funcional, la sociedad no debería estar permanentemente en vigilia para evitar que sus dirigentes violen la Constitución y todo el andamiaje legal que rige los deberes y tutela los derechos de los ciudadanos. Pero los salvadoreños, acaso por nuestra corta vivencia democrática, somos víctimas de prácticas obscenas nos están advirtiendo que el camino para llegar a ese estadio superior todavía es muy largo y sinuoso. Si esto es parte del mismo proceso democrático, ni modo, pero nuestros dirigentes tienen que entender que todo tiene un límite.

Uno de los casos que mejor ilustra ese comportamiento reprochable se tiene en las elecciones de segundo grado y, en particular, la de Corte de Cuentas. Este caso no debería extrañar a nadie, porque el ente contralor se ha convertido con el paso del tiempo en el vehículo más eficaz para transportar el agua mal oliente de la corrupción, para descargarla en la cloaca de la impunidad. El maridaje partidario y la consecuente mezcla de sus colores y sabores potencia el saqueo permanente del erario nacional.

Y lo peor de todo es que con esa actitud contumaz de designar funcionarios a dedo, simultáneamente están dilapidando recursos institucionales, humanos y materiales de manera irresponsable. En el caso concreto de la CCR y con la demanda de inconstitucionalidad presentada recientemente por el Centro de Estudios Jurídicos a propósito de la última designación, ya serían cinco ocasiones en los gobiernos del Frente, en que desde la Asamblea Legislativa nos dan una muestra de que la crisis fiscal se la pasan por el Arco del Triunfo. Ahora seguramente que se les facilitará la faena por su regreso del periplo que hicieron varios de ellos a Moscú. El descanso en París será inevitable.

Pero en esta ocasión, la ciudadanía tiene otros motivos para esperar con mayor interés la sentencia de la SC. Esta se dará, condimentada por los ingredientes dados a conocer por LPG y que han sido aportados por las máximas autoridades de la AL. Según la información desplegada, esta ocultó serios señalamientos que una auditoría externa le hizo al ente responsable de velar por el buen uso de los recursos públicos. Pero el caso adquiere dimensiones alarmantes, cuando las irregularidades se refieren nada más y nada menos al brazo financiero del FMLN, que siempre ha hecho alarde de transparencia y de éxito en sus controversiales negocios, los que habiendo operado bajo la protección de sus gobiernos, ahora están quebrados.

Con todo, el caso se vuelve más grave, por el hecho de que quien ignoró y ocultó los reparos de la firma auditora fue nada menos que la persona que ostentaba el cargo de presidente (a) del primer órgano del Estado. Es la misma funcionaria que de manera irresponsable hizo público los nombres de conocidas empresas que según ella habían evadido impuestos. Pero cuando también se conoció que Alba Petróleos era objeto de igual señalamiento, con una actitud digna de mejor causa, este personaje (a) indicó que eso había que averiguarlo en el Ministerio de Hacienda. Esto, por supuesto, está dirigido a limpiar el rostro del partido y a condonar las marrullerías de Alba Petróleos. Afortunadamente, ni la complicidad de aquel, ni las malandanzas de este, pueden evadir en este caso el escrutinio y la condena del pueblo.

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