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El accionar criminal de las pandillas requiere una respuesta institucional contundente

En un Estado de Derecho que merezca el nombre de tal no es posible permitir que el crimen se ponga cara a cara con la ley. Es preciso hacer que la ley funcione como barrera infranqueable de todas las conductas que la quebranten.
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En estos tiempos en que la fuerza invasora del crimen organizado anda buscando y habilitando los más variados mecanismos de acceso a las estructuras del aparato estatal, la vulnerabilidad de estas se vuelve más generalizada y peligrosa, porque en cualquier parte de dichas estructuras es posible encontrar infiltraciones criminales de la más variada índole. Esto agrega inseguridad de manera creciente, ya que nunca se sabe dónde pueden estar los apoyos y las complicidades que el crimen va levantando donde más le conviene, como son en primer término los entes institucionales más directamente encargados de asegurar el imperio de la ley y de perseguir a cuantos la violenten o la transgredan.

No es casual, entonces, que las organizaciones del crimen vengan desplegando de manera estratégica toda una red de acciones de acoso y de ataque contra entes como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que actúan de manera integrada en la lucha contra las diversas expresiones de la criminalidad en el terreno. Muchos interpretan que esa reacción de los grupos delincuenciales, y más específicamente las pandillas, es una respuesta defensiva por la intensificación del accionar institucional contra éstas; pero hay que ir más al fondo de la cuestión: lo que en todo momento andan buscando los grupos criminales es afianzar sus posiciones en el ambiente para crecer en su reto decisivo frente al poder legal. En verdad es una lucha de poderes lo que tenemos en el escenario nacional.

Uno de los signos más alarmantes de dicha confrontación lo da el control de territorios que ejercen las pandillas como expresión de dominio. Hay muchos lugares en que no es posible ingresar o transitar sin el permiso de los pandilleros ahí asentados, y esto no sólo lo padecen los ciudadanos comunes sino hasta personas que ejercen función política o actividad pública en el terreno, como ocurre cuando se dan desplazamientos partidarios en tiempos electorales. Y por otra parte la entrega de recursos económicos a los grupos pandilleriles para comprar apoyos en las urnas muestra a las claras hasta dónde han llegado estas distorsiones fuera de control y violatorias a fondo del Estado de Derecho.

Las muertes violentas de agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada han aumentado en los meses recientes, como una táctica intimidatoria de máxima peligrosidad para el sistema, haciendo víctimas a los que cumplen responsablemente con su deber y a sus familias. Esto hay que verlo, analizarlo y manejarlo como lo que es: un ataque frontal contra las bases institucionales, contra los derechos fundamentales y contra la normalidad de la vida cotidiana. Y el control de esta situación tiene que hacerse sin tardanza y sin vacilaciones ni miramientos.

No puede haber más dilación en la puesta en práctica de un proyecto de lucha que contemple todos los componentes de la problemática aludida. Hay que garantizar a toda costa la seguridad y la defensa de los elementos que están encargados de velar por el orden legal, exponiendo su integridad y sus vidas en el servicio que realizan.

En un Estado de Derecho que merezca el nombre de tal no es posible permitir que el crimen se ponga cara a cara con la ley. Es preciso hacer que la ley funcione como barrera infranqueable de todas las conductas que la quebranten. Es cuestión de vida o muerte para el sistema.

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