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El antejuicio brasileño

Carlos Malamud, escritor español a cargo de INFOLATAM (Información Latinoamericana), en su artículo.
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¿Una ola golpista ataca a América Latina? del 18 de mayo señala que tal idea se está imponiendo en la opinión pública internacional, cuya versión extremista la considera una conspiración internacional impulsada por Estados Unidos e intereses antipopulares contra los avances progresistas liderados por Hugo Chávez, señalando entre otros el desplazamiento del poder del kirchnerismo en Argentina, el fracaso reeleccionario de Evo Morales en Bolivia, la pérdida de fuerza de UNASUR y la grave situación política en Venezuela y el apoyo de los países del ALBA.

Usa el interesante calificativo de golpe que siempre habíamos reservado para los actos militares de deposición de presidentes, pues dice; “Tras el exitoso ‘golpe constitucional’, ‘golpe parlamentario’ o simplemente golpe a secas contra Dilma Rousseff, ahora está en marcha un nuevo ‘golpe de Estado’ contra Nicolás Maduro”.

“Algo similar ha ocurrido con la destitución temporal de Dilma Rousseff, Venezuela y El Salvador han retirado sus embajadores de Brasil y desconocen al nuevo gobierno, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua han manifestado su preocupación por la determinación del Senado brasileño de incoar un juicio político contra la presidente por ‘pedaladas’ fiscales... El gobierno cubano denunció el ‘golpe de Estado parlamentario judicial’ contra el gobierno legítimo de Rousseff...”.

Nicaragua habla de un proceso “impresentable y antidemocrático” que caracteriza como “mamarracho jurídico y político”. Menos mal que no habla de las declaraciones oficiales salvadoreñas de la semana pasada, las cuales han pretendido aclararse en el sentido de que no existe la intención inmediata de romper relaciones con Brasil, de llamar a consulta a nuestra embajadora y demás expresiones poco diplomáticas que se dieron, como tampoco las explicaciones posteriores ante tal desaguisado diplomático e intervencionista en las decisiones legales de otro país.

Antes de hacer tales declaraciones el presidente, debió haber consultado con alguien conocedor de la legislación brasileña, para no tener que pedir disculpas siempre intervencionistas, pues los actos disciplinarios de los países a sus funcionarios tienen regímenes especiales; así en el nuestro no se puede procesar al presidente y otros funcionarios sin el antejuicio legislativo o judicial, y de acuerdo con el art. 237 Cn., desde que se declare que hay lugar a formación de causa “el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo”.

Aunque respeto la nueva terminología de golpe de Estado legislativo o judicial, o simple golpe legislativo o judicial, no creo que se trata de una violación al orden constitucional, sino por el contrario la búsqueda de la pureza administrativa y responsabilidad de los funcionarios públicos.

Debemos recordar que el impeachment al presidente Richard Nixon por las intervenciones telefónicas definió la terminación anticipada de su mandato y que los gobiernos con presidente de gobierno elegido por sus parlamentos tienen el voto de censura que puede producir los mismos efectos.

Nuestro constituyente de 1983 infortunadamente creó en el art. 87 el derecho de insurrección, que podríamos considerarlo como un golpe de Estado constitucional, cuyo objeto es solo “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión a las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”, como voto libre, no reelección presidencial, separación de poderes, etcétera, para solo separar a los transgresores; sin establecer las reglas para su aplicación, que lógicamente no podrían ser violentas, como el referéndum para evitar el golpe de Estado tradicional, al cual tuvo que llegar Honduras en el caso del presidente Zelaya porque desacataba todas las decisiones legales en su contra, buscando la reelección prohibida por su Constitución.

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