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El apoyo del gobierno salvadoreño al venezolano y sus consecuencias

Durante ocho años consecutivos, el gobierno salvadoreño ha sido exitoso en conciliar el apoyo a Venezuela con la cooperación de Estados Unidos. Pero esta política ambidextra está agotada. En adelante, el apoyo a la dictadura venezolana tendría consecuencias negativas para El Salvador.

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Ayer en la tarde fui invitado a participar en FUSADES al Foro “La posición del gobierno salvadoreño frente a la situación venezolana: consecuencias en la política migratoria y en las relaciones económicas y comerciales”.

El foro “pretende abrir el debate acerca de las repercusiones en materia migratoria y comercial que podrían derivar de la política exterior salvadoreña frente a las arbitrariedades del régimen de Nicolás Maduro y la crisis humanitaria que viven los ciudadanos venezolanos”. Durante ocho años consecutivos, el gobierno salvadoreño ha sido exitoso en conciliar el apoyo a Venezuela con la cooperación de Estados Unidos. Pero esta política ambidextra está agotada. En adelante, el apoyo a la dictadura venezolana tendría consecuencias negativas para El Salvador.


Es conocida la alianza histórica del presidente de la República y de su partido –el FMLN– con el chavismo venezolano. No es de extrañarse entonces que respecto a Venezuela, El Salvador no juega en las relaciones interamericanas con el bloque de países –mayoritario– que han condenado la violación de la democracia y de los derechos humanos, sino con los países que siguen apoyando la dictadura venezolana encabezada por Nicolás Maduro, aunque se abstenga en las votaciones en la OEA.


La única vez que el gobierno salvadoreño votó de manera diferente fue en la reunión del Consejo Permanente que atendió el llamado del gobierno de Colombia ante la crisis fronteriza creada por Maduro para desviar la atención de sus problemas internos, sacando de Venezuela a miles de ciudadanos de origen colombiano. Esa votación casi le cuesta su puesto al canciller, después de la llamada de Maduro desde China a un alto dirigente del FMLN, indignado por semejante “sacrilegio”. A continuación retiraron al embajador en la OEA, observando a un canciller bien portado más cercano a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. No solo estaba en juego la disciplina partidaria pero también las alianzas internas para eventualmente lograr los apoyos para ser electo candidato presidencial del partido.


Durante década y media, el gobierno chavista dispuso de apoyo mayoritario en la Asamblea General de la OEA. No obstante algunos cuestionamientos de su proceso y resultados, el triunfo en el referéndum revocatorio de 2004 le dio al gobierno de Chávez la legitimidad nacional e internacional que necesitaba, cambiando la correlación de fuerzas adentro y afuera, mientras los altos precios del petróleo sostenidos la siguiente década financiaron las misiones sociales y el gasto público expansivo, los crecientes déficits fiscales, los déficits económicos y sociales de Cuba –sustituyendo y superando los subsidios anuales de la Unión Soviética–, la elección de algunos presidentes y la compra de la política exterior de algunos gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, la compra de algunos líderes de la oposición, y, especialmente, la multibillonaria corrupción de la cleptocracia “robolucionaria” chavista.


A partir del control de todos los poderes del Estado, su carácter democrático fue más de origen que de desempeño, pero guardando la apariencia legal hasta la estrepitosa derrota en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Después de que la oposición ganó la mayoría calificada en el parlamento, no solo dejaron de tener legitimidad de origen sino que abandonaron las formas y apariencias, ejerciendo el poder totalmente al margen de la democracia y la institucionalidad. En adelante gobernarían por la fuerza y la represión violando los derechos humanos correlativamente con las crecientes protestas populares.


Coincidió la salida integral del gobierno de Maduro de la institucionalidad democrática con los primeros ochos meses de Trump en la presidencia, con un congreso que ya era dominado por los republicanos, con una mayoría de gobiernos en la OEA adversos a la dictadura chavista y un secretario general demócrata consecuente. Mientras la crisis económica, social y humanitaria se agudiza, y líderes y de la cúpula chavista son acusados de narcotraficantes, condenando en Estados Unidos a sobrinos de la pareja presidencial, crece la represión y la condena mundial de la comunidad internacional a la violación sistemática a los derechos humanos. Ver la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el príncipe Zeid bin Ra’ad al-Hussein, respaldadas esta semana por el secretario general de la ONU, António Gutèrres, que afirmó:

“Es fundamental tener una Venezuela democrática donde se respeten los derechos humanos”.


El espacio se reducirá para conciliar el apoyo a la dictadura represora chavista y el apoyo de Estados Unidos a El Salvador. Si bien una centena de congresistas apoyan la continuidad del DACA y del TPS, varios de ellos y muchos otros de tendencia más moderada o conservadora plantearán más temprano que tarde alguna forma de condicionalidad de dicho apoyo y de la continuidad de la cooperación y financiamiento del Fomilenio II, a un cambio de posición respecto a Venezuela, coincidente con la posición del Ejecutivo estadounidense.


No se descarta que el gobierno y  su canciller intenten con la presidencia de la CELAC, en coordinación con el Vaticano, jugar un rol mediador para una solución política a la crisis venezolana. No solo están en juego la cooperación diversa de Estados Unidos a El Salvador, sino la pelea interna en el FMLN por la candidatura a la presidencia de la república.

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