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El artículo n.º 8

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Sandra de Barraza

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"Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda" es el primer mensaje del artículo constitucional n.º 8 cuyo contenido es suficientemente inspirador para analizar los alcances y los límites de nuestro comportamiento social.

El mensaje es claro. Todos estamos obligados a hacer lo que la ley manda. De manera contradictoria, recurrentemente se quiere obviar lo que manda la ley. La ley se viola y no pasa nada. Esto se llama impunidad.

El sistema de transporte público es el mejor ejemplo. La Policía Nacional Civil (PNC) hace noticia cuando asume su responsabilidad de "garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos y ordenanzas" y demuestra que la gente no se siente obligada a cumplir la ley. Los motoristas no tienen licencia. Los motoristas tienen acumuladas decenas de esquelas. Los motoristas hacen parada en donde quieren. Los motoristas hacen parada con más tiempo del reglamentado. Los motoristas manejan con las puertas abiertas. Los usuarios hacen parada donde quieren. Los usuarios suben y bajan donde quieren. Y esto pasa con la total indiferencia de la PNC. Hay impunidad.

"Nadie está obligado a privarse de lo que la ley no prohíbe" es la segunda parte del artículo constitucional. Esto significa que constitucionalmente todos tenemos la libertad de hacer lo que se quiera en el marco de la ley. El mensaje es claro, aunque a diario se comprueba que nadie se priva de hacer lo prohibido y no pasa nada. Y esto se llama impunidad.

Las manifestaciones callejeras son ejemplo de hacer lo que está prohibido. La ley prohíbe subvertir el orden público, prohíbe lesionar la moral, prohíbe lesionar el honor, prohíbe lesionar la vida privada de los demás y la ley también prohíbe atentar contra la vida, la libertad, la propiedad. Y con indiferencia, a diario tenemos manifestantes en calles que impunemente hacen lo prohibido y nada pasa. Se encapuchan, destruyen la propiedad pública y privada y quedan impunes. Se hace de las calles, el espacio de derechos y el espacio de impunidad. ¿Y las autoridades?

La PNC tiene la atribución de "proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas en todo el territorio nacional". La PNC tiene la obligación de "prevenir y combatir toda clase de delito". La PNC tiene la obligación de "ejecutar capturas en los casos previstos por la ley". La PNC debe vigilar el tráfico en las vías públicas y velar por la seguridad vial.

La PNC está adscrita a la Presidencia de la República y quien asuma la presidencia está obligado a "organizar, conducir y mantener la PNC para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública urbana y rural, con estricto apego a los derechos humanos y bajo la dirección de las autoridades civiles".

El mandato constitucional a la Presidencia de la República es claro. Distorsionar o contradecir el mandato es ilegal porque los funcionarios están obligados a cumplir lo que la ley manda. Desde que asumen el cargo público, pierden el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Y esto es válido para todos los niveles de la administración del Órgano Ejecutivo.

El artículo n.º 8 es aplicable a los privados. A los funcionarios les aplica el artículo n.º 86 que dice "...los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley". En una república, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en toda materia corresponde exclusivamente al Órgano Judicial. Por nuestro bien, nadie en funciones o en futuras funciones puede ni debe violentar este mandato.

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