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El atajo

Gobernabilidad construida a puros sobornos. Un atajo de vividores y mantenidos, convertido en el atajo de la democracia.
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Hay un diferendo sobre si la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos de parte de algunos presidentes de la República era o no delictiva; es el modo elegante que algunos comunicadores han elegido para referirse al caso Saca, y a la práctica de sobresueldos patrocinada por Capres que el ex fiscal general, Luis Martínez, ha ventilado. Y entre más atención se le pone al guion que entretiene estos días al país, la situación tiene cada vez más drama familiar y menos la entiende el común de nuestros ciudadanos.

La FGR no tiene por qué ser buena a nivel discursivo, claro. Y lo suyo es que el juez entienda de qué va la historia, no la opinión pública. Pero para darle una ayudita, en resumen hay indicios fuertes de que en varias administraciones del Ejecutivo, los más caros funcionarios saqueaban el erario para pagar sobresueldos y sobornos.

El método será revelado paulatinamente, con esos detalles morbosos, casi pornográficos, que inundan la plática ciudadana: camionetas pagadas con monedas, mansiones convertidas en museos del mal gusto, queridas con piso puesto, queridos con piso puesto, diputados que se ganaban la lotería una vez al año, liposucciones pagadas por los contribuyentes... una apología del exceso que reduce la suma de nuestros más caros burócratas a literalmente un bestiario.

Pero en esencia, los detalles son solo morbo, material para el escarnio público de los caídos en desgracia, deporte nacional con cada vez más adeptos. A fin de cuentas, et cognoscetis veritatem et veritas liberabit. Y esencialmente, ya sabemos lo que se ha cocinado habitualmente merced a la metódica y puerca discrecionalidad del uso del erario alguna vez llamada “partida secreta de la Presidencia”. Esa certeza ya nadie podrá quitárnosla: hemos sido gobernados durante la mayor parte de nuestra vida “en democracia” por una banda de rateros e irresponsables.

Aún no sabemos si solo la mayoría (Saca, Funes, Sánchez Cerén) o si todos los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz instituyeron el saqueo al erario a través de la ilegítima práctica de pagarles sobresueldo a algunos funcionarios, incluyendo de los poderes Legislativo y Judicial, así como sobornos a personajes de la actividad privada.

Es imperdible saberlo. Y es aún más urgente entender por qué lo hicieron.

¿Que no era más fácil construir una estructura, idear un método, sobornar a los pocos contralores con alguna migaja o extorsionarlos con alguna verdad incómoda y quedarse ellos y su círculo más cercano con el dinero? Panamá por aquí, Cayman Islands por allá, algunos socios en el frijolar y ya.

Quizá lo era. Pero además de irresponsables, muchos de nuestros funcionarios han tenido ínfulas de estadistas, y por encargo de las cúpulas de las que son empleados recibieron el encargo de mantener un clima de negocios amigable a través de la “gobernabilidad”, palabreja que se refiere a que las cosas fluyan, a que el Estado de Derecho no sea un estorbo, a que la justicia no sea universal, a que la Fiscalía tenga amnesia selectiva, a que los diputados sean dóciles y los magistrados de la Corte, mansos.

La gobernabilidad así entendida requiere de unos funcionarios sin convicción; para no correr riesgos, había que sobornarles. En efectivo. Sin dejar rastro, creían ellos.

Y ahora, el establishment (hoy más que nunca una mala palabra en El Salvador) busca el modo de compartir esta historia con usted y conmigo. Incluso a las puertas de regalarnos algunas mentiras, porque creen que no podremos lidiar con una verdad tan fantástica como indignante.

¿Quién sigue, señor fiscal?

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