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El autoritarismo no es la vía

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Javier Castro De León

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El pasado domingo 9 de febrero (9F) será recordado como un día deplorable y muy triste para la historia salvadoreña, pues presenciamos un atentado, sin precedentes en las últimas décadas, contra nuestra institucionalidad democrática. El Órgano Ejecutivo, con expresiones de autoritarismo, rompió el orden constitucional y violó el principio de división de poderes al interferir con la independencia del Órgano Legislativo, lo que puso en riesgo nuestra democracia. Es indispensable que dichos sucesos lamentables no se vuelvan a repetir.

Han pasado 28 años desde la firma del Acuerdo de Paz, y una de las reformas institucionales más importantes que se lograron fue en la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), separando sus funciones de defensa de la soberanía nacional, de la atribución de seguridad pública, otorgada a la Policía Nacional Civil. En esta decisión, un aspecto toral que se consideró fue que la FAES estuviera alejada de la política y que se ciñera estrictamente al marco constitucional, algo que se trastocó el 9F, al materializarse la militarización de las instalaciones de la Asamblea Legislativa mediante el ingreso de soldados y policías fuertemente armados al Salón Azul, todo como antesala de la usurpación de funciones del Órgano Legislativo por parte del Órgano Ejecutivo, y de otros hechos que gracias a Dios no se concretaron.

No hay razón que justifique la violación al principio de división de poderes cometida en contra de la Asamblea Legislativa, ni los llamados imprudentes y sin fundamento jurídico a la insurrección, o las alusiones peligrosas a tomarse el control del congreso. Tampoco tenía base constitucional la convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa, pues solo procedería si hubiera una situación de calamidad pública o grave emergencia nacional; que el congreso no esté materialmente reunido, como ocurre en períodos de vacaciones; y haya necesidad de que se reúna para atender dicha situación.

El préstamo que está conociendo la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares, que fue el detonante de la crisis constitucional, debe seguir su curso deliberativo, en el sentido de que haya transparencia, se den todas las explicaciones y se aclaren las dudas, a fin de que se tome la decisión más conveniente para los intereses del país y que, en efecto, sirva para resolver el grave problema de inseguridad que vive la población. No es justificable que a base de intimidación y presencia militar se quiera coaccionar a la Asamblea Legislativa.

Tampoco es válida la falsa dicotomía, de que si se defiende la institucionalidad y la división de poderes y se cuestiona al Ejecutivo por el 9F, entonces no se quiere apoyar la lucha contra la criminalidad. Muchos salvadoreños queremos que se respete la democracia y también que se combata la delincuencia, no son conceptos que se contraponen, al contrario, se complementan.

La intervención de la Sala de lo Constitucional fue acertada y necesaria; también de la Fiscalía se requiere un rol protagónico. Es necesario que existan garantías reales de que los actos del 9F no volverán a ocurrir, y para ello se requiere que se deduzcan responsabilidades y que el Ejecutivo renuncie a cualquier práctica de autoritarismo como vía para lograr cualquier resultado. La única vía válida para resolver diferencias políticas será siempre la democrática.

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  • Ejecutivo
  • militarización
  • división de poderes
  • préstamo
  • criminalidad
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