El caso criminal del ciberataque contra LA PRENSA GRÁFICA debe resultar ejemplarizante en todo sentido

En este caso, un político de nuevo cuño, que se esperaría comprometido con la renovación saludable del sistema, es el que viene a ponerse en evidencia al hacer uso de mecanismos criminosos para atentar contra la libertad de información, queriendo acallar así lo que es efecto de su propia conducta.
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El ciberataque que sufriera LA PRENSA GRÁFICA en meses pasados se ha venido investigando dentro del marco legal correspondiente y lo que ha salido a luz, una vez que se levantó la reserva judicial injustificada, es una trama de carácter criminal para desatar represalias especialmente contra medios de comunicación que presenten información pública en la que estén implicadas personas que ejercen cargos de poder en el país. Lo que dicha investigación arroja es un señalamiento directo contra el actual alcalde de la ciudad capital y contra todo un equipo de clonadores profesionales, que prestaron sus servicios para el ciberataque aludido y para otros que ya no tuvieron tiempo de llevar a cabo. Toda esta situación viene a poner en evidencia muchas cosas, que es preciso detallar y señalar, para que el condenable acontecimiento no sólo reciba las consecuencias legales que correspondan sino también para que hechos tan repudiables como este ya no se repitan.

En primer lugar, lo ocurrido y lo destapado hasta el momento ponen en evidencia que en nuestro país la cultura política deja mucho que desear. Los que ejercen funciones de poder público tienen que ser los primeros en mostrar pleno respeto a la ley, y el que no lo hagan demuestra que sigue prevaleciendo en muchos sentidos el culto a la impunidad irresponsable, que es uno de los factores más dañinos contra el proceso democratizador. En este caso, un político de nuevo cuño, que se esperaría comprometido con la renovación saludable del sistema, es el que viene a ponerse en evidencia al hacer uso de mecanismos criminosos para atentar contra la libertad de información, queriendo acallar así lo que es efecto de su propia conducta.

Sorprende que haya personas presuntamente al día de lo que está ocurriendo en el dinámico mundo de las comunicaciones actuales que se expongan con acciones delictuosas que pueden ser rastreadas sin mucha dificultad con las metodologías de investigación a mano. Y los resultados del caso aludido, una vez que la investigación se concluya a plenitud dentro del marco de la normativa legal, deben contribuir eficazmente a generar disuasión de este tipo de procederes delictuosos, que de multiplicarse vendrían a envenenar aún más la ya sobresaturada atmósfera nacional. Por otra parte, la ley debe poner lo suyo, y aplicarse en forma efectiva. Desafortunadamente, se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa una muy imperfecta e incompleta Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que no responde a cabalidad a lo que se necesita según las condiciones presentes de la realidad en este ámbito.

Es de suma importancia que ninguna acción ni ninguna persona, independientemente de la posición que ostente, puedan situarse tranquilamente al margen de la legalidad establecida. Esta es una prueba inmediata para autoridades como el nuevo Fiscal General de la República, que ha mostrado voluntad explícita de hacer bien su trabajo. Y por otra parte está la responsabilidad judicial de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, según lo que corresponde a un efectivo Estado de Derecho.

Por nuestra parte, como medio de comunicación inquebrantablemente comprometido con la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, seguiremos haciendo nuestro trabajo, defendiéndonos desde luego de quienes pretenden ponernos obstáculos en la ruta.

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