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El caso judicial por el alevoso ataque cibernético a los medios gana fuerza por nuevos informes provenientes del exterior

Desde el instante mismo en que se produjo la agresión contra nuestro medio y contra el Presidente del mismo, LA PRENSA GRÁFICA emprendió la batalla para hacer que resplandeciera la verdad y para que los agresores alevosos fueran puestos en evidencia no sólo pública sino también judicial.
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Los ataques cibernéticos contra medios de comunicación, y específicamente contra LA PRENSA GRÁFICA, se empezaron a investigar por las autoridades fiscales hace algún tiempo, y a raíz de tal trabajo investigativo el caso está en manos de la justicia, con indicios muy claros sobre la naturaleza y el origen de los ataques y con indiciados plenamente identificados. La agencia Búnker ha sido el centro de dichos delitos cibernéticos; y por ello están ya enjuiciados la representante legal y accionista de la sociedad Blue Group, Mayra Morán, y el programador Ricardo Andrés Ortiz Lara. También están procesados los empleados de Búnker José Carlos Navarro y Óscar Domínguez, así como la gerente de comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador Sofía Medina, ya que Búnker tiene vínculos muy estrechos con el liderazgo de dicha comuna, habiendo contratos de por medio y varias expresiones de solidaridad con los imputados por parte de la autoridad principal de la Alcaldía.

En concordancia con la nueva línea fiscal que viene impulsándose desde que tomó posesión el nuevo titular de la Fiscalía, viene ahora a sumarse un nuevo elemento probatorio de mucha fortaleza y credibilidad, como es el informe recibido del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que queda patentemente comprobado el vínculo de dos de los imputados, Morán y Ortiz Lara, en la adquisición de dominio y del lugar para el alojamiento de las clonaciones de la página web de LA PRENSA GRÁFICA. Con estos nuevos aportes sin duda el juicio abierto continuará su marcha con más impulso, hasta que los culpables del delito correspondiente reciban todo el peso de la ley, como debe ser en un Estado de Derecho.

Si este caso no se hubiera abierto, de seguro los ataques no sólo se hubieran mantenido sino que habrían sido cada vez mayores, en diversas direcciones y con variados propósitos. El hecho de que hoy estas conductas delictivas estén ya en manos de la justicia no sólo tiene un claro efecto reparador del daño causado y esclarecedor de cualquier confusión al respecto sino una evidente función disuasiva, como ocurre siempre que la impunidad tiene que ceder ante el imperio de la legalidad. Esperamos, desde luego, que este caso concreto llegue hasta sus últimas consecuencias, y que todos los que resulten responsables de acciones criminales cibernéticas, por acción directa o por complicidad, reciban el castigo que les toca.

Los imputados principales hicieron todo lo posible para salvaguardar sus identidades en la compra del dominio donde se consumó la agresión cibernética; pero en definitiva, y de resultas del juicio penal impulsado en el país, las autoridades estadounidenses obtuvieron la información identificatoria, que es la que hoy está ya en manos de la justicia salvadoreña.

La situación en que se encuentra este caso es reveladora de que en nuestro país está en marcha un impulso de esclarecimiento de situaciones que en otro momento hubieran quedado envueltas en los densos velos de la impunidad. Desde el instante mismo en que se produjo la agresión contra nuestro medio y contra el Presidente del mismo, LA PRENSA GRÁFICA emprendió la batalla para hacer que resplandeciera la verdad y para que los agresores alevosos fueran puestos en evidencia no sólo pública sino también judicial. Esto es lo que ahora estamos viendo prosperar, y por consiguiente es momento oportuno de reiterar nuestra voluntad de no cejar en el empeño de que la seguridad vaya ganando terreno en todos los sentidos dentro de nuestro ambiente.

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  • ataque
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