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El cobro de la deuda tributaria debe ser constitucional

Todos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, pues los mismos permiten al Estado contar con los recursos suficientes para cumplir con sus finalidades en beneficio de la sociedad, por lo que se requiere tener los mecanismos legales efectivos para exigir el cobro de los mismos, lo cual debe hacerse respetando la Constitución.
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En abril de este año, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para el Cobro de las Deudas Tributarias y Multas a favor del Estado, que está siendo conocido por la Comisión de Hacienda, el cual persigue mejorar la gestión del cobro de las deudas tributarias, previsionales y de multas impuestas por la Administración Pública. No me cabe la menor duda que el actual procedimiento de cobro debe ser modificado, pues es engorroso, ineficiente y lento.

Uno de los aspectos que más me preocupa es que se establece que la deuda tributaria podrá ser exigible aunque no haya alcanzado firmeza administrativa ni judicial. Esto es muy serio, pues significa que al ciudadano o a una empresa le podrán obligar a que pague por la supuesta deuda con el Estado, mientras se estén ventilando los procesos respectivos ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, o en sede judicial. La dimensión del problema se comprende cuando en el proyecto se desarrolla el “cobro persuasivo”, que en el fondo es un “cobro amenazante”, en el que se podrán decretar medidas precautorias como el embargo de bienes. Preocupa que facultades como esta se puedan prestar a abusos utilizándose como amenaza para cobrar la deuda que podrá no estar firme. En esta disposición se vulneran derechos reconocidos en nuestra Constitución, tales como el de seguridad jurídica y del debido proceso.

Por otra parte, debe revisarse y verse con mucho cuidado la facultad que se le confiere a la Administración Tributaria para que ante ella misma se diligencien los procesos de cobro forzoso de la deuda tributaria, facultad que la Constitución confiere exclusivamente al Órgano Judicial (art. 172). En el proyecto se crean dos instancias: la Dirección General de Cobranza y el Tribunal de Apelaciones de Cobranza, las cuales intervienen en el cobro ejecutivo de la deuda, cuyos titulares son nombrados por el Ministerio de Hacienda, con lo que tenemos un escenario en que la Administración Tributaria será juez y parte, vulnerándose los principios de independencia e imparcialidad que debe tener todo juzgador. El proyecto se sustenta en las teorías de la autotutela administrativa, que ha reconocido la jurisprudencia, y que permiten al Estado actuar sin intervención del Órgano Judicial para ejecutar sus actos, la cual no es absoluta y encuentra límites en la misma Constitución, por lo que debería retomarse y ser congruente con el modelo propuesto en el anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos.

Otro problema que contiene el proyecto es que se crean procesos de amparo y contenciosos administrativos ad hoc para la Administración Tributaria, con lo que estarían estableciendo “procedimientos a la carta”, que vienen a generar distorsiones en el sistema jurídico, además de constituir un mal precedente.

La principal deficiencia que se encuentra en la propuesta es que pone en una posición de desventaja e indefensión al contribuyente cuando se enfrente al Estado. Es correcto que debe haber mejor recaudación de los impuestos y que se debe combatir la evasión fiscal, pero no hay que olvidarse que existe una Constitución que tiene que ser respetada en defensa de los ciudadanos, por lo que el proyecto así como está redactado no debería ser aprobado.

Tags:

  • impuestos
  • deuda
  • estado
  • ley de cobro

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