El conflicto se prolonga porque no se quiere entrar en razón

La credibilidad del país está en juego, en un momento en que lo que más necesitamos es estabilidad, confianza y creatividad positiva.
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<p>Como previmos en nuestro anterior Editorial sobre el espinoso tema del enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de resultas de la elección de magistrados que realizó la anterior legislatura en su último minuto y de la declaratoria de inconstitucionalidad de la misma, ahora hay dos Cortes Supremas de Justicia en funciones, parcialmente formadas, una que se instaló ayer y otra que sigue funcionando conforme a los fallos de la Sala. Y lo más grave es que no se ven salidas a esta crisis artificial, que se podría resolver fácilmente con el reconocimiento de la inapelabilidad de las sentencias de la Sala y con la puesta en práctica de la responsabilidad política de los partidos, especialmente los dos principales.</p><p>En vista de que no hay ninguna señal de avance hacia alguna forma de entendimiento entre aquellos que tienen capacidad de superar este atolladero, sino, por el contrario, lo que impera es la intención de agravarlo hasta las últimas consecuencias, a partir del próximo 16 de julio lo más probable es que haya dos Salas de lo Constitucional, con todo lo surrealista que eso es, en detrimento de la normalidad del Estado de Derecho. </p><p>El enfrentamiento no va a resolverse desde la Corte Centroamericana de Justicia, que no tiene jurisdicción para pasar por encima de la justicia constitucional nacional. En un sesudo análisis, publicado ayer domingo por un grupo de connotados juristas, se dan todos los argumentos incuestionables para establecer la incompetencia de la CCJ. La pregunta que habría que hacerse es: ¿Y ahora qué viene? Vistas las actitudes imperantes, sobre todo desde el ángulo de las fuerzas políticas que tienen como propósito no disimulado desarticular la Sala y mantener intactos sus arreglos para tomar posiciones en instituciones básicas como la Fiscalía, lo que viene es mantener vivo el conflicto hasta ver por dónde se rompe la pita. </p><p>Entretanto, la institucionalidad es la víctima inmediata de todo este juego de intereses atrincherados; y al final de cuentas es la credibilidad del país la que está en juego, en un momento en que lo que más necesitamos es estabilidad, confianza y creatividad positiva, para mostrarnos al mundo como un lugar atractivo en todos los órdenes. Es inconcebible e imperdonable que pleitos de esta naturaleza nos pongan en tan deplorable evidencia ante propios y extraños. Las pasiones y los intereses políticos haciendo de las suyas, con flagrante impunidad. </p><p>En todo este incidente lo que en el fondo se está midiendo es qué es lo que más vale: los intereses o la legalidad. Y lo que se juega no es el mero resultado de un conflicto específico, sino algo mucho más de fondo: la suerte del control constitucional en el país. Si dicho control resulta vulnerado definitivamente por efecto de esta crisis coyuntural, habrá un grave y peligroso retroceso en lo legal y en lo institucional. Y esto podría ser irreparable para el proceso nacional.</p><p>Es claro que la resolución anunciada por la Corte Centroamericana de Justicia, cuyo contenido ya es previsible –y ojalá nos equivoquemos– a favor del poder político, como se puede anticipar por la sesgada medida cautelar tomada de inmediato, no vendrá a desatar el nudo gordiano. La solución es interna, y lo que la impide es la maniobra de los intereses partidarios. Aquí lo que se está tratando de salvaguardar políticamente es la alianza para asegurar la mayoría simple durante la actual legislatura. Y mientras eso se mantenga, no hay soluciones reales en perspectiva.</p>

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