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El control de fondos públicos requiere una CCR independiente y funcional

El distinguido académico de la Universidad de Salamanca, Dr. Manuel Alcántara, en el discurso pronunciado el pasado miércoles, en ocasión de su merecido nombramiento como Miembro Honorario de FUSADES 2016
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El distinguido académico de la Universidad de Salamanca, Dr. Manuel Alcántara, en el discurso pronunciado el pasado miércoles, en ocasión de su merecido nombramiento como Miembro Honorario de FUSADES 2016, manifestó con vehemencia “que no solo basta que las instituciones importen, sino que también importan las personas que las manejan”. Esto me llevó a pensar en algunas entidades públicas, como la Corte de Cuentas de la República (CCR), que de nuevo está dando mucho de qué hablar, luego de que se declaró inconstitucional la elección de sus magistrados.

La CCR es una institución de rango constitucional que tiene un papel muy importante en el combate a la corrupción, pues le corresponde controlar el uso de los recursos públicos. Es inaceptable que en un país en donde existen tantas necesidades, y más bien en cualquier país, no se cuente con una institución que vele adecuadamente por el buen uso de los bienes estatales. Tanto académicos como centros de pensamiento han venido subrayando, desde hace muchos años, que el control de fondos públicos es sumamente débil, pues es discrecional y porque está politizado. Es frecuente que cuando se habla de instituciones partidizadas, uno de los primeros ejemplos que aparece es el de la CCR.

La Corte de Cuentas requiere de cirugía mayor, lo que implica impulsar reformas constitucionales en el mediano plazo y de orden legal en el corto plazo. Distintos sectores de la sociedad han hecho propuestas para mejorar su funcionamiento y para fortalecer su independencia, sin que haya existido voluntad para impulsarlas, lo que me hace pensar que existe cierta comodidad y complacencia con un control de fondos públicos que actúe bajo criterios de conveniencia política, lo cual preocupa mucho por ser propenso a la corrupción.

Para fortalecer la institucionalidad de la CCR, se debe cambiar la Constitución para que la elección de sus magistrados sea con mayoría calificada de 56 votos de los diputados y no con 43 como es actualmente. No comprendo la razón para optar por este tipo de mayoría a diferencia de otras instituciones de elección de segundo grado. Asimismo, deben separarse las funciones de fiscalización de las jurisdiccionales, creando una contraloría y un tribunal de cuentas. Se considera negativo que el magistrado presidente concentre en su poder las funciones administrativas, lo que se ha prestado en muchas ocasiones al clientelismo político. No solo basta tener un adecuado marco legal, sino que como mencionó el Dr. Alcántara, importan las personas que manejan las instituciones.

En el caso de la CCR, recientemente se declaró inconstitucional el decreto de elección de sus magistrados, tal como ya ha sucedido en el pasado, por no cumplir la Constitución y la jurisprudencia. La Asamblea Legislativa debe elegir a los nuevos titulares antes del 29 de julio del presente año, siendo necesario que la elección se haga por razones de idoneidad, eligiendo personas honorables e independientes de los partidos políticos. Dicha elección imperativamente debe hacerse por el tiempo que resta a los magistrados cuyo decreto de elección ha sido impugnado, y debe usarse el listado que sirvió de base para la elección en el año 2014, pues se ha conocido que se piensa hacer lo contrario, con lo cual se incurriría en una ilegalidad, que seguramente conllevaría a una nueva inconstitucionalidad.

La Corte de Cuentas debería ser un ejemplo de fortaleza institucional, independencia, efectividad y probidad pública, por la importante responsabilidad que tiene de cuidar el uso de los bienes que nos pertenecen a todos. Por ello es impostergable que se impulsen reformas y que se elijan personas idóneas.

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