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El control efectivo de la violencia delincuencial sólo se logrará con una planificación estratégica integral de la lucha contra el crimen

Lo que se requiere, sin alternativas, es un plan que abarque todos los aspectos de la problemática en juego, y que por consiguiente no se quede en lo legal, que desde luego es básico e insoslayable, sino que vaya también directamente y en forma eficaz hacia lo social, donde se hallan las raíces de lo que se está manifestando en los hechos.
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La implantación de la criminalidad organizada en prácticamente todos los ámbitos del país no sólo constituye una problemática que se vuelve cada día más compleja e incontrolable sino que implica los más variados trastornos en el vivir cotidiano de los salvadoreños, con las variantes y matices que se vayan dando en la realidad personalizada. Estamos, pues, ante un desafío de la más alta intensidad, que como tal no tiene precedentes en nuestro desenvolvimiento histórico. La guerra fue una lucha política por el control del sistema nacional, lo cual le daba un esquema preconcebido y en buena medida previsible; la posguerra se ha convertido en una lucha sin otro objetivo que hacer del crimen un modo de vida, determinando que la autoridad legal asuma cada vez más un rol defensivo.

Aunque las estadísticas de las muertes violentas estén hoy a la baja, es revelador que las sensaciones que prevalecen en el ambiente sigan siendo de inseguridad creciente; y eso deriva, de seguro, del hecho de que las fuerzas del crimen siguen siendo capaces de modular las acciones delincuenciales según les sea útil o necesario en los momentos sucesivos. Justamente esa capacidad de mover el fenómeno conforme a los intereses criminales es lo que habría que atacar a fondo, con todos los instrumentos que la institucionalidad correspondiente tiene a su disposición, y que hasta la fecha han estado en gran medida inactivos.

Uno de los factores más negativos y desestructuradores de la normalidad es el control de territorios por parte de las estructuras delincuenciales, lo cual establece zonas donde la arbitrariedad pandilleril hace de las suyas, eliminando en una zona a los que provienen de otra y manteniendo a la población en una congoja permanente. Y desde luego esto se vincula umbilicalmente con plagas como la extorsión ligada al narcotráfico, que representa un cáncer social de consecuencias verdaderamente depredadoras. Atacar la extorsión en sus fuentes y en sus procedimientos es tarea inaplazable, que hay que emprender a fondo y de inmediato.

Los planes antidelincuenciales focalizados pueden arrojar algunos resultados positivos, pero no es por esa vía que se llegará a definiciones realmente funcionales. Lo que se requiere, sin alternativas, es un plan que abarque todos los aspectos de la problemática en juego, y que por consiguiente no se quede en lo legal, que desde luego es básico e insoslayable, sino que vaya también directamente y en forma eficaz hacia lo social, donde se hallan las raíces de lo que se está manifestando en los hechos.

En tanto no se logre que las acciones de los distintos entes institucionales no sólo sean visibles sino que se muestren con carácter de superioridad consistente en relación con el accionar delincuencial en todas sus formas, la población seguirá mostrando dudas y escepticismo sobre las salidas de este deplorable estado de cosas que impera en el ambiente. La ley tiene que hacerse valer y sentir, sin opacidades ni evasivas de ninguna índole, para que la criminalidad no sólo retroceda sino que vaya cediendo sistemáticamente todas sus posiciones.

Todo esto es tarea que exige sólidas definiciones consensuadas y articulación que no deje ningún cabo suelto. Y en tanto no se logre que eso se eche a andar de manera inequívoca se seguirá incrementando la inseguridad con todos sus efectos adversos.

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  • criminalidad
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