El costo beneficio global de la reforma

Económicamente es común decidir sobre la conveniencia de una medida haciendo una evaluación de su impacto, de manera que el costo no supere al beneficio.
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La ejecución o la manera en que esta evaluación se realiza ocupa un espacio notable en la ciencia económica.

En general, se comparan dos escenarios, uno manteniendo la situación actual (llamado base) y el otro, con el cambio propuesto. A la diferencia entre los escenarios, se le atribuye el impacto de cualquier medida de política pública.

Acorde con la presentación de la reforma por parte del ministerio de Hacienda, el valor actual del déficit previsional que recae sobre El Estado, o escenario actual sin realizar cambios, alcanza una cifra de $24 mil millones.

Según se manifiesta, la reforma espera reducir dicho valor a $21 mil o en $2.1 mil millones.

Los movimientos para la reducción son como sigue. El déficit por el agotamiento de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) y el pago de pensiones mínimas a cargo del Estado, asciende a $6.3 mil millones; para sufragarlo, se propone un régimen de reparto, pero presenta un déficit que alcanza $10.9 mil millones.

En otras palabras, en términos de déficit actuarial, el pago de las pensiones mínimas en el tiempo sería más costoso con la reforma.

Así lo anterior, la reducción señalada procederá por esta dificultad, sino por medio de la derogatoria del beneficio del decreto 100, estimado según la presentación en $7.6 mil millones.

Por otro lado, el estudio titulado “Sistema Previsional de El Salvador, diagnóstico y evaluación de escenarios” elaborado por instituciones de Gobierno, durante el período anterior, y difundido en marzo de 2014, evalúa un conjunto de posibilidades adicionales para hacer descender ese déficit, tomando en cuenta los cambios realizados después de 1998.

Destaca el impacto del aumento de la rentabilidad, que debido al aumento del ahorro de los trabajadores, representa una gran disminución de la deuda, retardando el pago de pensiones mínimas por parte del Estado.

Asimismo, evalúa la opción del recálculo de la pensión, el aumento de la edad, de años cotizados, retardando el agotamiento del saldo en la cuenta de todos los cotizantes y también en las cuentas individuales de pensionados optados “B”, que aún recibiendo su pensión, su ahorro sigue generando intereses.

El estudio apunta a que dependiendo de la combinación de medidas que se podrían usar, aclarando que el escenario base utilizado en el estudio de 2014, corresponde a 2011, y los montos de la propuesta son para 2013, la reducción de los $24 mil millones podrían alcanzar entre $4.6 mil millones a $13 mil millones, partiendo de que el derecho de pensión mínima continua y no se pierde, representando un ahorro más alto a los $2.1 millones apuntados.

Asimismo, aclara que los escenarios anteriores asumen, que si bien disminuyen la carga para el Estado, también las emisiones de Certificados de Inversión Previsional descienden en el tiempo, y los cambios también van acompañados del espacio fiscal requerido, realizando el pago directo de la deuda que se adjudicó con las pensiones del régimen anterior del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) e Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y dejar de pagar deuda con deuda más intereses.

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  • reforma
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