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El costo de la transparencia

¿Hasta dónde debe llegar un funcionario público en aras de la transparencia? En principio, la función pública, como su nombre sugiere, está abierta al escrutinio de la ciudadanía hasta el mínimo detalle.
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Esto aplica desde el origen mismo del puesto o plaza pública. Es decir, si amerita el desembolso de fondos públicos, si es una tarea relevante para el ciudadano, si no hay duplicidad de funciones. En los casos de cargos de elección (popular o de segundo grado), antes de llegar a un acuerdo político, se debe cumplir los requisitos legales de idoneidad, honradez y capacidad. Pero también los formales, los que exige la ley.

Esto aplica para todos y la institucionalidad no debe hacer ninguna excepción. Simplemente no es correcto que se aplique de manera arbitraria en unos casos y se obvie de manera descarada cuando del caso propio se trate, como el proceso de elección de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, en 2009.

En los últimos tiempos se ha agregado la no militancia político-partidaria, que creo no debe aplicarse a rajatabla, sino en casos donde la función pública sea sobre un área de control de los partidos políticos. En el caso del reciente fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la elección de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas, es algo que demoró tanto tiempo –porque los vínculos de subordinación de al menos dos magistrados hacia dos partidos políticos eran de sobra evidentes– que incluso se vuelve sospechoso, dadas las actuaciones anteriores, mucho más expeditas y contundentes (actuando incluso de manera “preventiva”).

La Corte de Cuentas es un organismo con un déficit de independencia de los políticos a un nivel tal que nadie tiene un recuerdo preciso de cuando no haya sido de otra manera. Así que si todo apuntaba a que Johel Valiente era un cuadro de GANA y que Raúl López lo era del FMLN, ¿por qué se tardó tanto la Sala de lo Constitucional en aplicar lo que ya antes hizo en múltiples ocasiones? En el largo proceso de denuncia de la militancia de los magistrados de la Corte de Cuentas y la anulación de su nombramiento incluso se dio la separación de la investigación del caso del jefe de colaboradores de la Sala de lo Constitucional, Gustavo Adolfo Campos Flores, quien, dicho sea de paso, había dado una capacitación en materia constitucional a los empleados de la Corte de Cuentas.

En todo caso, la sala se tardó, pero emitió el fallo. Le quedan cosas pendientes y un par de años para conocer si llegará al fondo. A lo mejor en estos meses resuelven que es inconstitucional el hermetismo de las sesiones de Corte Plena y abren, de una vez por todas, al Órgano Judicial a la transparencia. En estos momentos, a quien tenemos que pedir mayor transparencia es, precisamente, a la Presidencia de la República, que se ha negado a divulgar la identidad del motorista de una camioneta que arrolló a un motociclista en el puerto de La Libertad. Acá no estamos ante un secreto de Estado, sino ante un vil encubrimiento.

Independientemente de quién haya sido el causante de la muerte del motociclista, Casa Presidencial debe entregarlo a los tribunales para que responsa por sus actos. Y no solo por transparencia, sino por justicia. No podemos tener empleados públicos que se escondan detrás de sus investiduras para cometer crímenes.

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