El derecho a la salud

La salud se proclama hoy día como un derecho fundamental, inherente a las personas, que encuentra su sentido más explícito en la exigencia a los poderes públicos de que toda persona reciba primordialmente la asistencia médica y el tratamiento terapéutico adecuado para aliviar sus afecciones físicas y/o mentales, en cuanto este representa una de las condiciones esenciales que posibilita a los sujetos tener una existencia física digna y, con ello, desarrollar plenamente su personalidad y sus potencialidades.
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El derecho a la salud se ha positivado constitucionalmente en virtud de considerar que no basta proteger al hombre únicamente en su dimensión individual sino como miembro de una colectividad en la que coordinadamente con la comunidad contribuyan a realizar metas comunes. En efecto, el art. 65 de la Constitución prevé que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y a su vez establece la relación obligacional que al respecto se genera desde un punto de vista dual, esto es, que no solo el Estado es el responsable de su conservación y restablecimiento, sino también las personas mismas.

Todo lo anterior a su vez implica que el Estado debe configurar y disponer de un andamiaje institucional adecuado que permita a las personas acceder de verdad a los servicios que requieran en materia de salud.

Y esto a su vez se vincula con la salud pública, entendida esta como el conjunto de actividades planificadas por parte de entes estatales relacionados con la protección y promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, así como con la organización y el funcionamiento de los servicios de salud correspondientes.

Todo esto lo destacamos porque desde varios años venimos observando el serio deterioro en que se encuentra nuestro sistema de salud pública. Son varios los centros asistenciales, clínicas, unidades de salud y hospitales que no solo no cuentan con la infraestructura adecuada para cumplir con la obligación inmanente del Estado de garantizar y proteger el derecho a la salud, sino que además no cuentan ni siquiera con el presupuesto necesario para la adquisición de medicamentos.

Los problemas que aquejan a nuestro sistema de salud son ya alarmantes. Para el caso, son muchos los pacientes de hemofilia cuyo tratamiento es brindado precariamente por el Hospital Rosales; son varios los menores con insuficiencia renal crónica que no pueden ser atendidos prontamente en el Hospital Bloom; y son miles de personas las que tienen que esperar meses y meses para ser atendidos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Los procesos de adquisición de medicamentos dejan mucho que desear, desde sus fases iniciales hasta su posterior adjudicación, ejecución y control. No es casualidad que todos los días leamos comunicados en los periódicos en los que proveedores de productos farmacéuticos intentan restarle responsabilidad a las instituciones públicas, cuando es más que obvio que al no ser problemas que se presentan de manera aislada sino de forma permanente, ello solo se debe a severas deficiencias en la administración.

Muy importante es que en estos días se ha dado a conocer el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de El Salvador. Sin entrar a hacer consideraciones sobre el mismo, lo cierto es que en este se pone énfasis en los ejes de educación, seguridad y empleo, y si bien se trata de componentes esenciales en cualquier gestión de gobierno, no pueden descuidarse otras áreas como la salud y la asistencia social.

Dada la complejidad de los problemas en esta área, nos parece apropiado aconsejar la inmediata conformación de una Comisión Nacional de Salud similar a la conformada en materia de seguridad. Las autoridades deberán estar abiertas a escuchar e implementar las propuestas que de ahí salgan.

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