El desempeño normal de la institucionalidad no debe estar sometido a las ansiedades políticas de los actores en juego

Lo primero que hay que garantizar, para que haya estabilidad con progreso, es que las instituciones respondan al rol que les corresponde con la responsabilidad debida. Si no es así, todo se va trastornando con riesgo de llegar a la inviabilidad funcional.
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Nuestra institucionalidad nacional se viene desenvolviendo con bastante naturalidad dentro de la lógica democrática que es hoy el principal hilo conductor del sistema; sin embargo, quedan todavía muchas insuficiencias por atender y muchas distorsiones por corregir. La democracia es un permanente ejercicio de interacción respetuosa y creativa en la vida cotidiana, y eso es lo que más cuesta cuando se viene de una larguísima época en que lo que prevaleció fue el juego sucio de los intereses y la indisimulada arrogancia del poder. Ahora, quiérase o no, hay que irse sometiendo a los procedimientos y a los controles que la democratización va trayendo consigo, y ahí es donde surgen las más tozudas resistencias y los contraargumentos más encendidos.

Estamos avanzando en la primera mitad de 2016, y dentro de año y medio ya nos encontraremos en las antesalas de las elecciones legislativas y municipales de 2018, que serán la puerta de entrada hacia las presidenciales de 2019. Señalamos con frecuencia estos datos cronológicos para que no se pierda de vista que los tiempos políticos inmediatos son muy cortos y por consiguiente recargados de expectativas y tensiones, lo cual indica que se debe poner mucho empeño para que las fechas señaladas no se vuelvan valladares en la ruta de la evolución nacional, como viene siendo lo común. Hay un hecho en perspectiva que va a ser sin duda cada vez más incidente en el desenvolvimiento del quehacer electoral, tanto directamente en las urnas como en las decisiones de segundo grado: el relevo de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos en 2009 y cuyo período concluye en julio de 2018.

Tal perspectiva, que cada vez se aproxima más, incide en temas como la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, pues de ahí saldrá la mitad de los propuestos como nuevos magistrados para ocupar las plazas que quedarán vacantes en 2018. Si la elección del nuevo Fiscal General de la República fue complicada y azarosa, no cabe duda de que la recomposición de la Sala de lo Constitucional será aún más difícil, pues los intereses políticos están crispados al respecto. En términos generales, desde la ciudadanía tendría que empezar a darse una intensa concientización de lo que a la institucionalidad nacional le conviene, para evitar que prospere cualquier intento de activar una dinámica regresiva.

Se tiene que ir superando de manera consistente y persistente la vieja tendencia a supeditar el accionar institucional a los intereses en juego, de la índole que estos fueren. Si por algo nuestro proceso nacional ha tenido tantos altibajos y tropiezos es porque no se le ha respetado adecuadamente desde las distintas instancias del poder, tanto en lo público como en lo privado. Lo primero que hay que garantizar, para que haya estabilidad con progreso, es que las instituciones respondan al rol que les corresponde con la responsabilidad debida. Si no es así, todo se va trastornando con riesgo de llegar a la inviabilidad funcional.

Resguardemos y cuidemos la institucionalidad establecida, porque esa es la estructura de sostén de la democracia que se va desarrollando en el país. Y este no debe ser un simple propósito sectorial o de grupos, sino un compromiso asumido por todos los integrantes de la sociedad, cualquiera que sea su ubicación en la misma. Lo que está en juego es la supervivencia sana y consistente del sistema.

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