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El destape pleno del caso de los ciberataques debe llegar hasta sus últimas consecuencias para los responsables materiales e intelectuales

Las pruebas contra el alcalde Bukele son contundentes e inequívocas y así deben ser tratadas en el juicio correspondiente, que ya no puede tardar. Esperamos que todo esto desemboque en la verdad plena y en la aplicación total de las consecuencias que impone la ley.
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Si algo es vital para la buena marcha y el sano desempeño de la democracia es que el régimen de libertades y de derechos en el que se sustenta funcione siempre con todas las garantías y las protecciones necesarias. En cualquier sociedad organizada hay un esquema legal que rige las relaciones y las conductas de todos; pero lo verdaderamente esencial es que dicho régimen pase en todo caso y momento de las palabras a los hechos, porque si no la legalidad se queda en palabra muerta y en razón de ello acaban imperando la arbitrariedad, el abuso y el crimen. Desafortunadamente, en nuestro país hemos vivido por tradición esa tendencia perversa a que los intereses y los dictados del poder traten de imponerse a toda costa, con lo cual se ha venido expandiendo la corrupción y fomentando la impunidad.

Pero el proceso nacional tiene también su lógica de avance, y es así cómo se viene viendo un significativo repunte del accionar de los entes encargados en forma directa de velar por el cumplimiento de la ley, como son la Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial especialmente en sus altos niveles y la Policía Nacional Civil en la lucha contra la delincuencia en el terreno. Este es un dinamismo multifacético, en el que se van sumando casos de investigación que, al llegar a su punto debido, pasan a la judicialización correspondiente. Por todo lo que se puede percibir resulta claro que en estos momentos se produce, en esos ámbitos institucionales, un reforzamiento de las formas y de los empeños investigativos bajo el impulso de una voluntad crecientemente comprometida con hacer valer el imperio de la ley en todo caso.

Como es evidente, los primeros que tienen que dar el buen ejemplo en el respeto a la legalidad son todas las instituciones del aparato público y los funcionarios de distintos niveles que mueven dichas instituciones. En cada caso concreto, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, siempre con la ley en la mano. Y así vemos cómo en el caso de la investigación sobre los ciberataques criminales contra medios de comunicación, y en especial LA PRENSA GRÁFICA, ya hay una parte judicializada contra los responsables materiales y otra en fase de investigación exhaustiva contra los autores intelectuales, con el alcalde capitalino como principal indiciado. Las pruebas contra el alcalde Bukele son contundentes e inequívocas y así deben ser tratadas en el juicio correspondiente, que ya no puede tardar. Esperamos que todo esto desemboque en la verdad plena y en la aplicación total de las consecuencias que impone la ley.

En el país hay un régimen de derechos y libertades que hay que respetar sin excusa de ninguna índole y fomentar de manera consistente para que el sistema gane confianza y solidez. Entre esas libertades está la libertad de expresión, que es absolutamente básica para la sanidad de todo el aparato de vida nacional. Vulnerar dicha libertad, haciendo uso de cualquier recurso o maniobra, y hoy los recursos tecnológicos están a la mano de cualquiera para bien o para mal, es un delito de especial relieve, sobre todo cuando lo comete un funcionario público. Todo eso es lo que hay que investigar y conocer al detalle en el caso de los ciberataques, para que al final lo que resulte y los efectos que acarree sean ejemplarizantes al máximo.

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