El dilema de nuestros partidos políticos

Más allá de obligaciones legales, los partidos deben optar voluntariamente entre evolucionar y ser motores de desarrollo político o aceptar su eventual extinción.
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<br /><p>Los partidos políticos son imprescindibles para el funcionamiento del régimen de democracia representativa. Nuestra Constitución los consagra como “el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo en el Gobierno”, pero añade a renglón seguido que sus “normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa” (artículo 85).</p><p>La primera parte del referido artículo es muy conocida porque sirvió como argumento para alegar que la Sala de lo Constitucional de la CSJ había modificado de facto la Constitución al allanar el camino a las candidaturas no partidarias en elecciones legislativas. La parte de ese artículo que casi nunca mencionan los partidos es la que les obliga a sujetarse a los principios de la democracia representativa.</p><p>Esa parte es la que debiera ser tomada muy en cuenta en el debate para la formulación de una ley de partidos políticos. El gran problema es que ese precepto constitucional obliga a los partidos a convenir precisamente el tipo de regulación al que históricamente se han resistido. </p><p>Todos los demás poderes del Estado se someten a las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa, es decir, se someten a una regulación externa. Pero ese no es el caso de los partidos políticos, porque sus cúpulas son las que determinan todas y cada una de las decisiones de ese órgano de Gobierno, que es el llamado a regular sus acciones. En otras palabras, los partidos constituyen un poder que se regula (o no se regula) a sí mismo. Hay en ello un claro conflicto de intereses que el sistema político no puede resolver. La falta, hasta ahora, de una ley de partidos políticos podría considerarse como violatoria de lo establecido en el artículo 85 de la Constitución, en la medida en que tal vacío hace difícilmente exigible el apego de los partidos a los principios de la democracia representativa; sin embargo, la Sala de lo Constitucional no puede sentenciar la inconstitucionalidad de una ley inexistente; no le queda más que esperar a que haya una ley, cuyo contenido será susceptible a examen para determinar si se apega o no a los preceptos constitucionales.</p><p>Y para evitar que vuelva a ocurrir un conflicto entre la Asamblea Legislativa y la CSJ, los diputados debieran hacer su mejor esfuerzo para asegurar que la ley de partidos políticos que está en proceso de elaboración se apegue inequívocamente a todos los principios de la democracia representativa y a las demás normas constitucionales pertinentes</p><p>Desde esa perspectiva, el tema de la democracia interna en los partidos no deja de ser bastante controversial. La democracia interna es deseable pero no es inequívocamente requerida por la Constitución. </p><p>Y aunque lo fuera, la ley no puede constreñir a los partidos a un determinado modelo o esquema de democracia interna. Este es un tema en el que difícilmente los partidos han de evolucionar por decreto; tendrán que hacerlo gradualmente por vocación democrática.</p><p>Pero hay otros temas que, sin mucha discusión, forman parte del conjunto de principios sobre los que se asienta la democracia representativa. Hay, por ejemplo, un amplio consenso entre legos y estudiosos de las ciencias políticas en que la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias ineludibles en un sistema de democracia representativa. Esto es algo que la nueva ley debiera exigirles sin ambigüedades a los partidos políticos, sobre todo en lo concerniente a las finanzas, ya que ese aspecto de la vida partidaria es el que más se presta a dar cabida a intereses que corrompen la esencia de la democracia representativa.</p><p>Otros aspectos importantes, como es todo lo relativo a la propaganda electoral, deben regularse en el Código Electoral más que en la ley de partidos políticos. La legislación vigente es sumamente permisiva en este tema, ya que no define con toda la claridad necesaria los criterios para diferenciar entre acciones de posicionamiento político y acciones orientadas a influenciar el comportamiento de los votantes en los eventos electorales. </p><p>Importantes y necesarias como son las leyes, no es por esa única vía que puede resolverse todo. Más allá de obligaciones legales, los partidos deben optar voluntariamente entre evolucionar y ser motores de desarrollo político o aceptar su eventual extinción.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

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