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El docente salvadoreño, ¿profesional?

Nuestro Sistema Educativo se fundamenta en los Fines y Objetivos de la Educación Nacional, contenidos en la Constitución de la República y en la Ley General de Educación.
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Para lograrlos se ha diseñado el currículo, concepto múltiple que para el caso se sintetiza en “el conjunto de actividades que pueden producir educación, originadas por el contacto del alumno con su realidad circundante, bajo la mediación del educador”. En su contenido, el docente está en posición especial de responsabilidad social, que implica la dirección y orientación eficiente y efectiva del aprendizaje; para hacerlo, tiene que operar principalmente: los fines y objetivos, la política educacional, los planes y programas de estudio, la metodología, los recursos disponibles y la evaluación, en el contexto institucional, con los otros docentes y la comunidad.

Parece difícil realizarlo pero un docente competente y profesional se apoya en la Didáctica para adecuar los elementos mencionados para un exitoso aprendizaje y producir educación; confronta constantemente la cotidianidad con las experiencias que propicia a los educandos y como responsable del acto educativo califica su trabajo por medio de una actualización permanente. Así como la Pedagogía propone soluciones a las necesidades educativas, el docente observa, investiga, teoriza, propone y busca solución a los problemas de su práctica, con el apoyo privado o gubernamental o sin él.

La Constitución de la República, art. 60, inciso 1.º, dice: “Para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga” y la Ley General de Educación (art. 84 y 27) y en la Ley de la Carrera Docente (art. 14 y 27) dicen claramente que la docencia salvadoreña es una profesión. Sociológicamente considerada, “es un oficio, empleo o trabajo ejercido por alguien y por eso recibe una retribución económica” (Pérez Porto, J. y otro). Pero no se trata solo de ganar el dinero, una profesión cumple determinadas características: ejercer un mecanismo de control social; orientar su labor hacia la colectividad; tener autoridad y competencia adquirida en procesos educativos formales; tener funciones específicas para su desarrollo; pertenecer a una organización representativa; tener un estatus individual; y ejercer autonomía y libertad profesional (Romero Peña y González Anleo). Al analizar las leyes educativas y reglamentos, la profesionalidad y el perfil docente tienen base plenamente legal. ¿Cómo se practican en la realidad estas características? Basta observar y comparar lo que la ley dicta, con la práctica cotidiana en el Sistema Educativo.

Estudios a nivel latinoamericano (OREALC-UNESCO) concluyen que la imagen del educador se ha desdibujado, no hay un rol social definido, hay subestimación del educador a todo nivel, a esto hay que agregar las bajas exigencias para acceder a la formación de educadores que en El Salvador fue entregada a manos comerciales sin controles efectivos de calidad; un ministerio que no resuelve los problemas educativos por erróneas prioridades, en donde cada titular tiene su agenda política; una Dirección de Educación Superior, sin fortaleza para regular, aplicar y hacer cumplir la ley en las universidades privadas; la deplorable condición social y económica del maestro, que lo presiona a dedicarse a ocupaciones ajenas a la docencia; las asociaciones y sindicatos de maestros politizados, poco o nada contribuyen a la profesionalización; las condiciones de precariedad física de escuelas, mobiliario y equipo; el presupuesto educativo abajo del 4 % del PIB, consecuente con la discutible calidad de la educación, y otros.

Afortunadamente, hay educadores comprometidos con su vocación cuyo mejor indicador es el trabajo profesional, eficiente; que aprovechan oportunidades de capacitación y que comprenden que la transformación social exige calificarse aun a costa de sus exiguos ingresos. ¡Adelante, compañeros!

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