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El ejercicio depurativo debe ser constante en la institucionalidad pública para asegurar la salud permanente del sistema

La evolución propia de nuestro proceso democrático va creando, afortunadamente, dinamismos que se activan para proteger y habilitar a las instituciones ante los desafíos que se presentan a diario. Y dentro de esa lógica habría que ubicar la nueva forma de gestión dentro de la Fiscalía General de la República.
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La situación en que se halla el país, en particular en lo que se refiere a la invasora presencia del crimen organizado en los diferentes ámbitos del quehacer nacional, es de alto riesgo para el mantenimiento de la normalidad institucional, ya que por diversos medios y en distintas formas se pueden dar infiltraciones desnaturalizadoras de lo que debe ser una función pública ajustada a la ley y en pleno ejercicio de sus atribuciones naturales conforme al orden establecido. Todo esto configura una realidad a la que en ningún momento y por ningún motivo hay que dejar de lado, porque lo que está en juego es tanto el Estado de Derecho como la dinámica positiva de las instituciones, sobre todo de aquéllas que son más determinantes para el buen desempeño de la administración nacional en sus variadas formas.

Aunque la depuración debe ser una práctica normal que abarque todo el aparato público, hay áreas más sensibles, por su naturaleza y sus tareas específicas. Es el caso de las instituciones que están directamente vinculadas con el imperio de la legalidad y con la persecución del delito en todas sus manifestaciones. Es el caso de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil, de la Dirección General de Centros Penales y del Órgano Judicial. En la lucha abierta que se da en el terreno entre las fuerzas del crimen y las fuerzas de la ley es claro que aquéllas están desplegando toda una estrategia de lucha en distintos frentes, y uno de ellos es la institucionalidad misma, que se ve constantemente asediada por los ataques abiertos y por las filtraciones encubiertas. Y esto último es, en definitiva, lo más peligroso.

La evolución propia de nuestro proceso democrático va creando, afortunadamente, dinamismos que se activan para proteger y habilitar a las instituciones ante los desafíos que se presentan a diario. Y dentro de esa lógica habría que ubicar la nueva forma de gestión dentro de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General que ha llegado a hacerse cargo de la conducción en su área se caracterizó desde su inicio como un funcionario dispuesto a abrir brecha dentro de un terreno enmarañado al máximo. No sólo en los casos específicos de persecución de acciones corruptas se advierte el nuevo estilo, sino también en el aporte a la tarea depurativa, que ya está produciendo efectos evidentes.

Lo muestran los movimientos que se van dando dentro del Órgano Judicial, específicamente en la masiva reubicación de jueces, muchos de ellos con señalamientos por su desempeño. El Fiscal General expresó hace algunos días, en frase que despertó polémica, que dentro del Órgano Judicial había “clicas”. Y aunque no sea precisamente así, hay múltiples dudas sobre el comportamiento de la justicia en el país. El hecho de que se estén comenzando a mover las cosas es un signo de que el efecto depurador empieza a tomar cuerpo, y todo indica que eso que ha empezado continuará desarrollándose.

Es vital que el trabajo de aseguramiento efectivo de la legalidad tome impulso de veras y pueda desplegarse con todos sus factores debidamente alineados. Para lograrlo es básico que haya procesos depurativos permanentes a fin de que no se produzcan contaminaciones perniciosas que incapaciten al sistema para funcionar en todo momento con todas las de la ley.

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