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El empleo público

En las instituciones públicas se da el nepotismo, es decir el trato a favor de familiares y amigos, a quienes se les otorgan cargos y empleos en la administración pública simple y sencillamente por la relación familiar y de amistad.
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Es uno de los temas críticos en el país. Se supone que a la administración pública ingresan funcionarios que son sometidos a un “riguroso” proceso de evaluación y selección. La Ley de Servicio Civil, en vigencia desde inicios de la década de los sesenta, así lo establece, pero la realidad es totalmente otra.

La realidad es otra y está a la vista. Las instituciones públicas, de manera generalizada, han distorsionado el quehacer el servidor público. Los funcionarios llegan a pagar favores partidarios de “militantes que sudaron la camiseta” contratándoles en cargos de bajo nivel con salarios superiores al salario mínimo. ¿Cuántos son los que han ingresado por esa razón a la administración pública? ¿Cuántos de ellos están “organizados” en sindicatos que permanentemente desestabilizan a la administración? En todos los sectores se tienen ejemplos de presiones y más presiones que llevan a los administradores a inventarse “bonos” y prestaciones no salariales que salen muy caras.

La realidad es otra y está a la vista. En las instituciones públicas se da el nepotismo, es decir el trato a favor de familiares y amigos, a quienes se les otorgan cargos y empleos en la administración pública simple y sencillamente por la relación familiar y de amistad. No vale el mérito, acá vale la familiaridad y el amiguismo. Notas periodísticas extensas se conocieron de lo que acontece en el Órgano Judicial, institución que ha servido para que familias enteras se “compongan”. ¿Qué autoridad moral tienen estos funcionarios? Tienen que pagar favores políticos.

La realidad es otra y está a la vista. En sectores clave para el desarrollo humano se ha favorecido a los empleados, con escalafón. Hay mucha presión y mucha tradición. Un sistema que anualmente incrementa el peso de los salarios en el presupuesto asegurando a los empleados aumentos por tiempo de servicio sin importar si tienen o no mérito personal y profesional. A todos por igual se les aplica el incremento con las implicaciones financieras en la adquisición de medicinas, equipo y otros necesarios para la salud, o de material didáctico y servicios en educación. El tema tendrá que abordarse. Es difícil controlar la tendencia incremental de los salarios.

La realidad es otra y está a la vista. En el sector público no hay un sistema de mérito profesional que asegure que los mejores profesionales concursen y ocupen los puestos de dirección, ejecutivos, de administración y los operativos con la idoneidad que se requiere. El tema de “puestos de confianza” se ha generalizado y ¿qué significa puesto de confianza? ¿Tener la confianza que se cuidan las espaldas del jefe? Nada peor que tener que cuidar las ineficiencias, ineficacias y hasta las torpezas de los que deben dirigir. Esos puestos de confianza tienen un costo elevado en la administración pública, demanda tiempo de “aprendizaje” y además exigen privilegios fuera de lo normal.

La realidad es otra y está a la vista. Solamente alrededor de 8,000 empleados en el Órgano Ejecutivo ganan menos de $300 y alrededor de 4,000 tienen salarios superiores a $2,000 y esto representa menos del 5 % y el 2 % respectivamente. Así es el rango de la estructura salarial. En este momento se están criticando los salarios de más de $5,000 que devengan directores en autónomas o en las secretarías presidenciales. Yo no tengo problema con los salarios elevados que reflejen mérito, productividad, competencia, capacidad ejecutiva y resultados concretos en el marco de las responsabilidades y atribuciones. Sería preferible tener 10 servidores públicos de 6,000 o 7,000 o hasta de 8,000 mensuales que hagan bien su trabajo, que tener 4,000 o 5,000 “servidores” de doscientos o trescientos mensuales que viven en paros y exigencias de prestaciones.

El tema de salarios es crítico y en la gestión anterior hubo esfuerzos de diagnóstico y propuesta de normativa porque un motorista contratado por el Órgano Judicial gana más que un ingeniero en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Falta armonización de puestos y hay graves distorsiones salariales... nada se pudo hacer.

Así las cosas, cuando a empleo público se trata, tienen que enfrentarse temas críticos, temas que a los políticos que viven contando votos ni intentan asumir porque allí están los correligionarios. En la crisis fiscal que se enfrenta, ojalá que este tema sea incluido en la agenda de responsabilidad fiscal porque los ciudadanos y los contribuyentes merecemos un funcionario público que conozca el servicio que debe prestar y lo haga con competencia, responsabilidad y probidad.

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